Edgar Zambrano, abogado y diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, no descarta que el pedido del presidente Nicolás Maduro de «poderes especiales para reformar leyes que le permitan combatir a fondo la corrupción» sea un mecanismo para desatar la persecución política contra dirigentes de la oposición, lo cual, advierte, sería un error.
Para Zambrano, el Gobierno podría intentar revestir de legalidad un escenario político para enfrentarse a sus adversarios o a quienes mantengan una posición distinta. Pero «entendemos que estos excesos configuran escenarios de confrontación que no le dan nada de ganar a la sociedad política venezolana», dijo el parlamentario en entrevista con El Nacional Web.
De ser cierta la premisa de que los «poderes especiales» que pedirá esta tarde Maduro apuestan por una ley habilitante que pueda amenazar a los sectores de la oposición, se estaría configurando, en palabras de Zambrano, un panorama de «la antipolítica, el abuso de poder y la manipulación de las instituciones para reducir al contrincante político. Si es esa la intención del Gobierno, está cometiendo un error».
En opinión del diputado, este sería otro de los cercos que el ejecutivo «ha venido tendiendo a través de diversas vías. Hay un cerco comunicacional y otro a través de la carencia de autonomía de los poderes del Estado, que es cuando los organismos del Estado en vez de perseguir al hampa se dedican a la persecución de carácter político».
Poderes especiales pero innecesarios
De acuerdo con el diputado Zambrano, es «absolutamente» innecesario que el ejecutivo pretenda supeditar la lucha anticorrupción a una ley habilitante, pues ya cuenta con todos los mecanismos a su alcance para atacar la corrupción.
«El Gobierno tiene absolutamente todos los medios de factor de poder para combatir la corrupción. Si existe la voluntad política de hacerlo, no es en absoluto necesario pretender por la vía de una habilitante buscar la eficiencia del ataque de ese grave flagelo», señaló.
Para el diputado, la lucha contra la corrupción debe partir de «un acuerdo nacional por la vía de diálogo», que incluye la integración de todos los sectores de la sociedad, para contribuir «con propuestas eficientes» frente a los hechos de corrupción.
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