La Fiscalía de Ecuador solicitó al Tribunal Nacional de Justicia fecha y hora para una audiencia en la que formulará cargos contra el expresidente Lenín Moreno por el presunto delito de cohecho en el conocido como caso ‘Ina Papers’.
La Fiscalía de Ecuador formulará cargos por presunto cohecho contra el expresidente Lenín Moreno y decenas de personas inmersas en el caso denominado Sinohydro, la empresa estatal china que supuestamente pagó sobornos para la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país.
En un video difundido en redes sociales, la fiscal general, Diana Salazar, anticipó que entre los acusados está el exmandatario (2017-2021) junto a su esposa y una de las hijas de ambos, así como dos hermanos y dos cuñadas del expresidente.
La Fiscalía también presentará cargos contra otros funcionarios así como contra dos gerentes de Coca Codo Sinclair y el exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.
De acuerdo con la fiscal general, que está a la espera de que la Corte Nacional de Justicia fije la fecha para la audiencia de formulación de cargos, los sobornos en este caso ascienden a 76 millones de dólares, que corresponderían a aproximadamente el 4% del valor contratado de la obra”.
Si bien el contrato se firmó por 1.979 millones de dólares, en la práctica su costo rebasó los 2.245 millones de dólares.
“Esas decenas de millones de dólares en coimas habrían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias”, detalló Salazar.
Cooperación internacional
Asimismo, aseguró que la investigación llevada a cabo por más de dos años logró reunir suficientes indicios de “una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sincalir, con un alcance interestatal y transnacional y que habría desarrollado sus acciones ilícitas entre 2009 y 2018”.
La fiscal general indicó que durante la fase de investigación se han realizado hasta una decena de requerimientos de cooperación internacional con las autoridades de países como Panamá, Belice, Suiza, China, Estados Unidos y España, “documentos que han seguido llegando a esta institución hasta esta misma semana”.
“En el caso de China, no ha sido respondida hasta el momento. La cooperación internacional es realmente importante para investigaciones como esta porque coadyuvan (contribuyen) a demostrar fehacientemente la configuración del delito y sus alcances fuera del territorio nacional”, concluyó.
“Offshore” y una propiedad de Lenín Moreno en España
El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.
En ese reportaje se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa “offshore” INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, junto al ahora exmandatario Rafael Correa (2007-2017).
Sin embargo, el exgobernante ha negado tajantemente esa denuncia y ha sugerido que esta obedece a una estrategia política de su principal detractor, Correa, quien reside en Bélgica y que ha sido condenado por la Justicia ecuatoriana en otro caso de corrupción.
Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de miles de fisuras en su estructura incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016.
En septiembre de 2022, la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), que tiene abierto un arbitraje internacional contra Sinohydro, anticipó que “no se recibirá la central de forma definitiva hasta que no estén resueltas todas las inconformidades o fallas, acorde a los requisitos técnicos y legales que establece el contrato”.
