Es imposible ignorar las realidades económicas durante un tiempo indefinido.
Las redes de distribución y comercialización de alimentos en Venezuela, tanto públicas como privadas, experimentan por igual la falta de inventarios que mantiene desiertos los anaqueles.
Reportes indican que incluso los puntos de la red Mercal llaman infructuosamente a los centros de distribución, que carecen de existencias para surtir a los establecimientos.
En el más reciente ajuste del equipo económico, Nicolás Maduro volvió a enviar a Nelson Merentes al Banco Central de Venezuela después de ocupar el Ministerio de Finanzas, fortaleciendo el papel del titular de Planificación, Jorge Giordani.
“Los hombre fuertes resultaron fortalecidos tras los cambios en el gabinete”, considera el economista César Aristimuño, de la firma Aristimuño Herrera & Asociados. En su opinión, el principal problema de la administración gubernamental, en estos momentos, no es la tasa de cambio sino la falta de divisas.
Una baja reciente en el precio del petróleo venezolano a un promedio cerca de los 96 dólares por barril, tiene un efecto inmediato en la economía debido a que 96% de los ingresos a las arcas nacionales proviene de la venta del crudo.
Aristimuño subraya que las transnacionales del sector no están invirtiendo, aunque un alza en los precios petroleros puede significar cierto alivio.
La última apuesta del gobierno fue mantener el tipo de cambio para las importaciones más fundamentales en la tasa de 6,3 bolívares por dólar.
Entretanto, una serie de rubros pasarán paulatinamente a recibir divisas a la tasa variable del Sicad, que se ajustó a 11,7 bolívares por dólar tras la última subasta, de acuerdo con los planes oficiales.
Sin embargo, en los últimos días las vías de las principales ciudades de Venezuela se han llenado con oleadas de estudiantes que claman por soluciones a la crisis económica y una corrección general en las políticas oficiales.
El problema cambiario venezolano, que se viene arrastrando desde principios de la décadas de los 80, se fue agravando durante los últimos quince años, mientras que se mantuvo un control cada vez más estricto en este ámbito de manera interrumpida a lo largo de los últimos diez años.
En un intento de reforzar los controles previamente establecidos, el gobierno de Nicolás Maduro lanzó el Centro Nacional de Comercio Exterior para encargarse de las liquidaciones y posterior verificación del uso de las divisas oficiales. También decretó, a principios de año, un aumento del salario mínimo.
El Vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, dio a conocer un nuevo Plan Nacional de Divisas y planteó la disyuntiva entre canalizar dólares para viajes o utilizarlos para la compra de alimentos.
El panorama se complica adicionalmente con una deuda que roza los 14 millardos de dólares con el sector privado, lo que ha llevado a la restricción y cierre de líneas de crédito lo que complica mantener el flujo de mercancías desde el exterior.
Entretanto, la inseguridad hace presa de la ciudadanía que ya se ve abrumada por largas colas y recorridos interminables entre supermercados para la obtención de los bienes más básicos para la supervivencia.
El anuncio de Empresas Polar sobre una posible reducción de operaciones por una deuda pendiente de 463 millones de dólares fue una de las principales señales de alarma sobre la presente situación.
La paralización de la venta de boletos aéreos por parte de algunas de las principales líneas que operan en el mercado local fue otro indicador sobre la deuda pendiente y la notable falta de divisas, que ha producido una deuda de 3,6 millones de dólares con el sector.
En cuanto a las perspectivas, tras retrasar decisiones estructurales durante meses a la espera de los pasados comicios municipales, se espera que los ajustes adicionales que deberá asumir el gobierno traigan mayor inflación y creciente escasez en el marco de la llamada “guerra económica”.
Analistas consideran insostenible el tipo de cambio de 6,3, mientras que el diferencial cambiario ha continuado su ascenso con el despegue del tipo de cambio del mercado paralelo, cuya publicación está prohibida por la Ley de Ilícitos Cambiarios.
Las firmas Standard & Poor’s y Moody’s Investors ajustaron a la baja sus calificaciones sobre Venezuela el pasado mes de diciembre, advirtiendo un creciente riesgo de colapso económico y financiero por amplios desbalances a causa de políticas insostenibles.
Vistos los puntos anteriores, solamente unos pocos logran sacar ventaja de la situación, por ejemplo, aquellos que lograron comprar grandes cantidades de electrodomésticos tras la baja forzosa que se aplicó a las tiendas de este rubro a finales del año pasado, sin saber cuándo volverán.
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