Distintos medios, asociaciones de periodistas y organismos internacionales de la región criticaron duramente la ley aprobada por la Asamblea Nacional.
«En Ecuador se están cometiendo todas las formas de agresión a la libertad de prensa y el derecho de información», sostuvo en un comunicado la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios), que reúne a más de 50 periódicos colombianos.
«El principal objetivo es sensibilizar, ojalá, a quienes toman las decisiones en Ecuador. Vemos que no es fácil porque no le han hecho caso ni a la Relatoría (de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH) ni a Naciones Unidas», afirmó Nora Sanín, directora ejecutiva de Andiarios.
Por su parte, Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una ONG colombiana, aseguró que la ley «es una muestra más de los abusos» del gobierno de Rafael Correa.
«Hay que ver hasta dónde puede y quiere llegar en contra del derecho de estar informados», afirmó en diálogo con El Comercio.
Por eso, anunció que impulsará la impugnación de la ley ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la misma línea se manifestaron distintas organizaciones internacionales. «La aprobación de la Ley de Comunicación es el último paso en el deterioro de la libertad de prensa en Ecuador registrado durante la presidencia de Rafael Correa», afirmó en un comunicado Carlos Lauría, coordinador para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
«Las disposiciones restrictivas y el lenguaje ambiguo contradicen garantías constitucionales y normas internacionales sobre libertad de expresión», agregó.
Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se trata de uno de los «retrocesos más graves en materia de libertad de expresión de la historia reciente de América Latina», ya que la ley habilitaría la censura previa, según manifestó a EFE Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.
«Las disposiciones de censura y de demandas penales contra periodistas son claros intentos de acallar críticas», concluyó a su vez José Manuel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW). /JM
Fuente: Infobae
