Durante los dos meses de protesta, han sido asesinados más de 60 venezolanos, más de 1000 han resultado heridos por actuaciones de la fuerza pública y de grupos paramilitares; al menos 300 trabajadores de la prensa han visto afectado su derecho a la libertad de expresión, han eliminado 2 canales internacionales de la transmisión por televisión por suscripción y 15 medios han sido cerrados.
El 18 de abril el presidente Maduro activó el Plan Zamora, un plan operativo especial diseñado para el mantenimiento y control de orden público interno del que sólo se conocen los detalles ofrecidos por funcionarios militares en sus declaraciones, entre ellos, la referencia a un plan “cívico-militar” destinado a mantener el orden interno mediante la acción militar de la Guardia Nacional, y el uso de la justicia militar como medida para procesar a personas detenidas en manifestaciones.
Aunque la ley ampara a todo el que quiera manifestar pacíficamente, líderes del oficialismo y funcionarios han declarado públicamente utilizando adjetivos que descalifican la protesta. Estos comentarios buscan justificar la represión y la violencia en contra de los manifestantes: al generar una opinión negativa ante quienes protestan, se crea un argumento (inválido) para utilizar la fuerza pública.
La represión por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha ido en aumento: uso indiscriminado de gases lacrimógenos, incluso vencidos, hasta el uso de armas de fuego y la manipulación de municiones con incorporación de metras (esferas de vidrio), tuercas y balines.
A diferencia de otras jornadas represivas, además de la asfixia por inhalación de gases o heridas por impacto de perdigón, en los últimos dos meses las lesiones por traumatismo han tenido un incremento importante ante el lanzamiento directo al cuerpo de bombas lacrimógenas.
La represión no se limita a la dispersión de manifestantes, sino que se extiende al ataque a residencias en horas de la noche y madrugada, sobre todo en zonas del centro y oeste de la ciudad (municipio Libertador), donde se prohíbe — bajo la figura de la negación de un permiso illegal — la protesta de sectores opositores. Tal es el caso de los hechos registrados en Colinas de Bello Monte, Montalbán, El Paraíso, La Vega y sectores del interior del país donde la fuerza pública ha allanado ilegalmente residencias y disparado contra edificios.
La prensa es la que permite que sea visible lo que sucede en las manifestaciones, la presencia de los medios de comunicación ha permitido captar imágenes de la represión estatal y acciones ilegales. La violencia contra los periodistas responde a la necesidad de invisibilizar estas realidades y limitar el contenido que circula.
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