Un grupo de docentes de varios estados del país se concentraron ayer, desde las 9 am, a las puertas del Ministerio de Educación, y luego se trasladaron a la Vicepresidencia de la República, en la Av. Urdaneta, para protestar por el recién firmado contrato colectivo, que establece un alza salarial de 75% fraccionado en cuatro partes.
Carlos Ortiz, del Colectivo Único de Docentes, explicó que el aumento del pasado miércoles 25 no representa la mitad de los salarios actuales. «Tenemos sueldos por debajo de la inflación y, además, las 8 federaciones y el Sindicato Nacional de Fuerzas Unitarias Magisterial, Sinafum, no representan a la base de los maestros. Queremos que el presidente Maduro nos escuche para que sepa cuáles son nuestras realidades y necesidades. No es 97% de aumento como han publicado, en realidad es 75%. En 2015 no vamos a recibir nada de incrementos».
«Por eso -continuó- estamos en la calle, luchamos incluso por los agremiados jubilados y por las muchas irregularidades que ocurren en el Ministerio de Educación, como por ejemplo el hecho de que los docentes nuevos pasan un año sin cobrar. Ese dinero va a parar a un departamento que se llama Acreencia; es una especie de fosa negra. Entonces el llamado es a que nos unamos. Esto no es tolerable. De no ser escuchadas las propuestas se promoverá un paro nacional».
Antonio José D’Lucca, vocero de Educadores con su Gente, aclaró que no pedía tonterías. «Queríamos lo justo para competir con la inflación acumulada. Nos dieron mucho menos y lo rechazamos. Aquí estamos educadores con franelas de todos los colores. No hay divisiones. No habrá paz escolar mientras no se eche atrás ese contrato. El magisterio despertó. Somos la base».
D’Lucca además informó que en los últimos tres contratos se ha incumplido la cláusula 26, relativa a la entrega de los medicamentos. «Ese es un reclamo puntual del gremio». Ambas protestas fueron cercadas por el equipo antimotín de la PNB. En horas de la tarde los que trancaban la vía frente al Ministerio de Educación no dejaban entrar ni salir a empleados y visitantes como acto de presión a las autoridades.
Fuente: ÚN
