Las deportaciones con trato inhumano, violación de derechos humanos y violencia son consideradas crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma. De esta premisa partió precisamente el procurador de Colombia Alejandro Ordoñez, quien esta semana introdujo ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda que incluye la solicitud de procesar al presidente Nicolás Maduro
Un grupo de colombianos, con la ayuda de la Policía Nacional, carga sus pertenencias por el río Táchira, desde Venezuela hasta el lado colombiano de la frontera.
La tensión diplomática entre los gobiernos de Colombia y Venezuela ha venido escalando desde hace dos semanas, cuando estalló el conflicto fronterizo en el que han sido deportadas forzosamente miles de colombianos.
Autoridades venezolanas han apelado a su derecho a sacar de su territorio a los extranjeros que permanezcan allí de manera ilegal. Sin embargo, la forma en que se han llevado a cabo las deportaciones ha levantado mucho estupor en Colombia y en la comunidad internacional.
Las deportaciones con trato inhumano, violación de derechos humanos y violencia son consideradas crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma. De esta premisa partió precisamente el procurador de Colombia Alejandro Ordoñez, quien esta semana introdujo ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda que incluye la solicitud de procesar al presidente Nicolás Maduro, la canciller Delcy Rodríguez, el gobernador José Vielma Mora y dos generales venezolanos quienes, a su juicio, han puesto en práctica una “política de limpieza” en los estados fronterizos, que ha perjudicado seriamente a las familias colombianas.
Respecto a la viabilidad de esta acción que ha emprendido Colombia contra el Gobierno venezolano, el internacionalista Félix Arellano señaló que, aunque viable jurídicamente, este proceso ante la Corte Penal Internacional (CPI) difícilmente beneficie a las víctimas de esta crisis fronteriza. Esto en virtud de lo largo y complicado que puede ser un proceso de esta índole, para armar el expediente y corroborar los hechos.
Esta consideración fue secundada por el también internacionalista Marcos Morín Aguirre, para quien el proceso ante la CPI es lento y tedioso.
Para Morín, ciertamente, el gobierno venezolano no se apegó al derecho internacional para deportar a las familias colombianas que vivían en el estado fronterizo de Táchira, pues explica que en esta acción han debido estar autoridades consulares de Colombia, así como miembros de la Cruz Roja Internacional y representantes del Ministerio Público y la Procuraduría venezolanos para garantizar el respeto a los derechos de los deportados.
Sin embargo, ambos internacionalistas sostienen que para determinar si hubo o no lesa humanidad, más allá del testimonio de los deportados, se requiere recabar un largo expediente que incluye exámenes forenses, lo que dilataría todavía más la causa penal.
El peso de Colombia en la región
Para Félix Arellano, Colombia no ha evaluado bien la situación de América Latina, tomando en cuenta la reunión que se efectuó esta semana en la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se planteó llevar a debate el conflicto fronterizo entre ambos países.
Lamentó que la prensa colombiana haya asumido como una derrota el resultado de las votaciones en el seno de la OEA ya que, para Arellano, la de Venezuela fue una “victoria pírrica, pobre”, esto a pesar de las dádivas con las que el gobierno chavista siempre ha procurado apoyo entre los países miembros de estos organismos internacionales. “Toda la inversión de Petrocaribe, todo el despilfarro de la chequera petrolera, para que la gran mayoría del Caribe se abstuviera, e incluso algunos votaran en contra”.
Arellano está convencido que el camino más expedito para abordar la crisis fronteriza entre estas dos naciones, es darle la debida lectura a los “16 votos inimaginables” que logró Colombia en la OEA, lo que da cuenta de su peso en la región.
“Colombia está desperdiciando una gran oportunidad política en la región”, aseveró Arellano al destacar las señales que han dado varios países dentro de la Unasur como Uruguay, Paraguay, Perú, e incluso Brasil, que han mostrado su disposición para ir cambiando la situación en la región y “ponerle freno y límite a la visión hegemónica de Venezuela”.
Venezuela ante la CPI
Los internacionalistas consultados explicaron que al ser miembro de la ONU, Venezuela está obligada a acatar cualquier dictamen de la Corte Penal Internacional, único organismo con facultad sancionatoria, a diferencia de la CIDH que solo emite recomendaciones a los países que la conforman.
Sin embargo, Arellano recordó las variadas intervenciones de la fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, en las que ha desestimado las declaraciones de organismos internacionales; y los pronunciamientos del Tribunal Supremo venezolano que ha negado “cualquier posibilidad de normas internacionales sobre las nacionales”.
“Hay una actitud totalmente contraria al ordenamiento jurídico internacional”, advirtió.
Por su parte, Marcos Morín subrayó que en caso de que el proceso en la CPI prospere y llegue a concretarse una sentencia que no favorezca a Venezuela, como el pago de indemnizaciones al Estado colombiano, el Gobierno de Maduro debe evaluar acatar la sanción, a fin de no seguir perjudicando la imagen del país.
Morín detalló que en caso de negarse a acatar una sanción emitida por la CPI, Venezuela podría arriesgarse a ser expulsada de la ONU, podría ser objeto de sanciones más severas como el bloqueo económico, prohibición de importar armas y, en última instancia, ser aislada de la línea de países demócratas y ocupar un lugar parecido al que hoy tiene Corea del Norte.
Arellano y Morín desestimaron que las relaciones entre ambos países se regeneren completamente, por el contrario seguirá siendo tambaleantes y, después de este episodio en la frontera, la diplomacia “tendrá un sabor amargo”.
Por último Arellano catalogó como un “error humano, jurídico y político”, la acción del gobierno de Maduro, que “pretendiendo distraer la atención, lo que ha generado es una revisión más exhaustiva de las irregularidades e ilegalidades del sistema democrático venezolano”.
Fuente: Diario las Américas
