La defensora de los Derechos Humanos y presidenta del Instituto Casla, Tamara Suju, denunció, a través de su cuneta en Twitter, que la 51a. Brigada de Infantería del Ejército venezolano estaría facilitando el uso de sus oficiales a la organización criminal Tren de Guayana; con la finalidad de «sacar a los indígenas de las poblaciones cercanas a las minas de oro», que este grupo delictivo explota en la zona conocida como el Arco Minero, en el estado Bolívar del país sudamericano.
Suju publicó un video en el que se observa a un hombre, que se identifica como el sargento Ricardo Figueroa Largo, quien asegura que fue «contratado» por el Tren de Guayana para operaciones de desplazamiento de mineros entre abril y mayo.
El sitio en cuestión sería lmina Atenas, el que habría sido despejado de mineros para ser entregada a esta banda armada.
Suju, en conversación con Diario Las Américas, mostró la información que le llegó desde el sitio donde presuntamente está ocurriendo la irregularidad.
Según el mensaje el desplazamiento de los mineros en la mina Atenas se inició en el mes de abril. «Para el 28 del mes de abril, ya otro grupo de mineros había tomado la zona. Estos eran extranjeros y personas traídas del centro del país, aproximadamente unas 100. A diferencia de los primeros estos trajeron más maquinaria pesada así como un mayor número de molinos y bombas de agua. También llegaron a la mina aproximadamente de 40.000 a 60.000 litros de combustibles, enlaces satelitales, y demás insumos. El ejército prestaba seguridad a estos nuevos mineros», aseguró.
El mensaje continúa asegurando que para los primeros días de mayo, los miembros de la organización criminal el Tren de Guayana comenzaron a relevar a los militares de la 51 Brigada de Infantería.
«Es decir, el ejército avanzó en la zona para desplazar a los mineros y entregar la mina a este otro grupo. Es así como queda en evidencia la alianza entre el actual comandante de la 51 Brigada de infantería el General de Brigada Rivas Acosta y el Tren de Guayana».
Resaltan que los mineros desplazados habrían llegado a las localidades cercanas al Callao, la gran mayoría a la mina Belén. La denuncia asegura que detrás de los mineros desplazados también llegaron los criminales del Tren de Guayana, quienes «apoyados por los militares de la Brigada 51 de Infantería, lograron desplazar nuevamente a los mineros, quienes buscaron el apoyo de la Organización R (otro grupo armado de la zona) y comenzaron los enfrentamientos».
Explican que de un lado estaba el Tren de Guayana, apoyado por 51 Brigada de Infantería y por los comandos rurales de la Guardia Nacional, y por el otro la conocida Organización R.
Arco Minero, años de destrucción
Luego de la caída de los precios del petróleo experimentada en 2009, el gobierno del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez se volteó hacia otras riquezas naturales del país como el oro y otros minerales altamente cotizados en los mercados internacionales.
Esos minerales se encuentran en abundancia en un área de 111 mil kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional), al sur del río Orinoco en el estado Bolívar, esa zona es conocida como Arco Minero.
Desde siempre ha existido la minería ilegal en esa zona y la disputa por los territorios, pero hasta ese momento, solo se trataba de pequeños grupos clandestinos.
En 2016 vuelven a caer los precios del petróleo a niveles históricos y otra vez las riquezas minerales se presentaron como la mejor opción para cubrir el hueco fiscal creado por el enorme gasto público que tenía la “revolución” bolivariana. No hay que olvidar que además de dicha caída, está la multimillonaria fuga de capitales producto de la corrupción, develada posteriormente, en la industria petrolera.
Cuando en 2017 hicieron el anuncio del plan Arco Minero del Orinoco, en el mensaje de los voceros del gobierno central se reiteraba constantemente que el objetivo era “regularizar la compra venta del oro, en una zona donde la lucha por el territorio ha sido la lucha por varias décadas”, como lo decía Jorge Arreaza cuando era el Ministro de Minas. Llegaron a asegurar que por este concepto “podrían ingresar a la nación hasta 4.000 millones de dólares” los cuales serían “indiscutiblemente” invertidos en planes sociales.
Esta extraordinaria explotación minera, que buscaba ingresos rápidos, implicaba una destrucción socioambiental sin retorno en un extenso territorio y además traería como consecuencia el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. Un complejo problema con muchas aristas.
Las denuncias se hicieron hasta la saciedad. Ambientalistas, expertos, líderes indígenas, estudiosos se mostraron contrarios a abrir esta apreciada zona para la explotación indiscriminada.
Pero se hicieron de oídos sordos, y se anunció como un gran logro la activación del plan Arco Minero del Orinoco, donde además del oro, había la posibilidad de extraer el apreciado coltán, la bauxita y otros minerales. Un menú apetecible capaz de llenar los bolsillos de quien lo manejara, sin importar que su extracción genera pérdidas irreparables.
