Tanto el Proyecto Ley de Las Ciudades Comunales como la Ley de Zonas Económicas Especiales (LZEE), impulsadas por el gobierno de Nicolás Maduro, sirven para continuar destruyendo el aparato institucional del país, ambos textos son una aberración jurídica que a través de los cuales la dictadura pretende despojar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales.
Así lo aseveró la diputada Deyalitza Aray, este martes 08 de mayo en la Comisión Delegada, donde se debatió sobre la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de modificar la estructura institucional con la inconstitucional aprobación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y el establecimiento de las Comunas que sustituye a los poderes del Estado.
La parlamentaria indico que la ciudad comunal tiene como propósito sustituir el ejercicio del voto por un proceso ilegítimo de mano alzada, ejecutado por voceros comunitarios que seguirán las órdenes impartidas por el régimen.
“Todo este aparataje o normativa busca regular la transferencia, la gestión y la administración de los servicios de los bienes, de los recursos del poder público nacional y de las entidades políticas territoriales a ese llamado poder popular, que bien sabemos es un poder político de control, es la violación abierta a la autonomía de los estados y municipios, así como la estructura Federal que tiene la Constitución”.
Señaló que la dictadura persigue crear un Estado paralelo oficializando al socialismo como doctrina, quedando las autoridades regionales y municipales como una suerte de jarrones chinos que nada de incidencia tendrán en la toma de las verdaderas decisiones.
En este sentido, la diputada María Beatriz Martínez, advirtió que la concepción del sistema comunal es la negación al derecho de la participación, por lo tanto, el referido sistema pretende eliminar el sufragio universal, directo y secreto.
Asimismo, consideró que otra de las intenciones de la Ley de Las Ciudades Comunales, es eliminar totalmente el pluralismo político, porque responde exclusivamente a una sociedad socialista y condiciona su existencia para una parcialidad política y el control centralizado de su propia existencia.
“Esta pseudo Ley y todo el sistema comunal es absolutamente ilegitimo y constituye la construcción de una mentira sobre mentira que no sirve para nada, a excepción para estafar a los incautos y seguir destruyendo nuestra desecha institucionalidad”.
ccn por patricia villegas
