El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Abelardo Díaz, solicitó a la Procuraduría General de la República que en nombre del estado venezolano se proceda a demandar penalmente en instancias internacionales al gobierno de la República de Cuba por la estafa en contra de Venezuela, por más de 170 millones de dólares, al contratar el servicio y el acuerdo de producción de las cédulas electrónicas.
Agregó que en la demanda se debe incluir el resarcimiento de los supuestos daños y perjuicios en contra del patrimonio de la república venezolana a consecuencia del incumplimiento del contrato para desarrollo de solución tecnológica integral, firmado en el año 2008 con la empresa Albet Ingeniería y Sistema.
“A la fecha no tenemos respuesta y no sabemos qué sucedió ni con las cédulas electrónicas, ni con los dólares de la república, erogados en este contrato”, dijo el diputado.
“En dicha contratación el gobierno cubano fue representado por la Universidad de la Ciencias Informáticas (UCI), subordinada al ministerio de la informática y las comunicaciones, personificada en el ciudadano Germán Sánchez Otero, entonces embajador de Cuba en nuestro país y la empresa Albet Ingeniería y Sistema, empresa de maletín que terminó siendo una fachada del gobierno de los hermanos Castro, en cuya nómina solo tenía 10 trabajadores para la fecha de la contratación y no disponía de la capacidad técnica para cumplir con los servicios contratados”, señaló Abelardo Díaz.
Destacó el parlamentario que los firmantes de dicho contrato en representación del gobierno venezolano fueron los hoy diputados Pedro Carreño, en su condición de ministro de Relaciones Interiores y Justicia y José Javier Morales como presidente de la Misión Identidad.
Fuente: GV