La presidenta del Observatorio de Derechos Humanos y diputada de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, aseguró que el informe de la Comisión de determinación de hechos de la ONU desnuda la persecución y la clandestinidad en los centros de reclusión, donde ejercen tratos crueles e inhumanos, además de violar el debido proceso a sus víctimas.
“En Venezuela se violan de manera sistemática los DDHH y se cometen crímenes de lesa humanidad. El informe de la ONU consta de 446 páginas llenas de verdades y testimonios de las valientes víctimas quienes gracias a su coraje lograron darle contenido preciso con hechos a lo que venimos denunciando desde hace años, es tan preciso este informe que señala culpables a tres personeros del régimen venezolano”
Pichardo destacó que este informe deja claro los nexos existentes entre los hechos de corrupción del régimen usurpador y la violación de derechos humanos existentes en el país. Agregó que la ilegítima ANC fue usada por la dictadura para perseguir a los legítimos diputados del único poder legislativo en el país.
“Hoy son 162 militares presos políticos pero también cientos de civiles, hay más de 300 venezolanos secuestrados por la dictadura. También exhortó a la comunidad internacional actuar en consecuencia al informe y pidió extender por un año más la vigencia de la misión de investigación sobre la violación de Derechos Humanos en el país para poder constantar la realidad en los centros de reclusión venezolanos”.
Por su parte, la diputada Karin Salanova comunicó ante el parlamento que nuevamente la Defensoría del Pueblo queda en la categoría B. Agregó que dicha institución con 20 años de existencia, nunca se ha pronunciado en relación a las violaciones de los derechos fundamentales de los venezolanos.
Salanova explicó que la evaluación se hace en base a los principios de París y una de las cosas que debe ofrecer esa institución son las garantías necesarias para el pluralismo de su composición, independencia, y consideró que esos principios no se ven en la Defensoría venezolana.
La parlamentaria recordó que nuevamente Venezuela queda en la categoría B por el silencio cómplice de las instituciones tomadas por el régimen, y por no garantizar a los ciudadanos sus DDHH, alertó que la Defensoría del Pueblo no está cumpliendo con el mandato constitucional, que es la protección de todos los venezolanos.
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