Si lo que Maduro quería de los alcaldes de la oposición era que lo reconocieran como el presidente electo de los venezolanos; y los alcaldes que Maduro aceptara que son los representantes electos de sus municipios, entonces no hay dudas que los resultados de la reunión entre uno y otros el miércoles fue un empate a 1.
Ganancia para el presidente que no es cualquier ganancia, puesto que le pone punto final a los cuestionamientos que su legalidad despertó en lo nacional y lo internacional, y para los alcaldes resulta particularmente utilísima cuando se asoma la tentación oficial de nombrarle alcaldías paralelas.
Los problemas se presentan cuando observamos que el reconocimiento del presidente es de naturaleza jurídica, sin más extensión para el que confiesa de motu propio aceptar o no aceptar una disposición o decisión de equis tipo (puesto que el presidente no necesita de los alcaldes para el ejercicio de su mandato); en cambio que la declaración de Maduro es fundamentalmente instrumental, ya que, si bien se compromete a suministrarles los recursos a los alcaldes, también puede dejar de hacerlo y sin que haya ley, ni autoridad que lo obligue.
Claro, tal cambio de rumbo no se adoptaría sin costos, ya que significaría volver a declararle la guerra a los 70 alcaldes opositores electos (que es como declarársela a sus votantes) y retrotraer el país a un clima de tensión que no sabemos si Maduro y su gobierno estarían en capacidad de resistir.
Porque, es que el tiempo juega contra Maduro y no contra la oposición, pues es el primero quien tiene que darle solución a la crisis económica que enerva a los venezolanos y la segunda la que puede beneficiarse en caso de que fracase en su intento.
Caso en el cual la pantalla del juego marcaría: 2 a 1.
Fuente: EDC
Por Manuel Malaver
