¿Cuál es la estrategia para negociar con delincuentes? ¿Qué se tiene del lado de la ley para someter a alguien que aterroriza a la población diariamente y los somete por la fuerza de las armas? ¿Cómo convencer a alguien que efectivamente ejerce el poder en una amplia zona de una ciudad de que deponga las armas por las buenas?
Cuando se hacen estas preguntas de manera genérica lo primero que debe venir a la cabeza son los más de 30 años que países como Colombia tienen tratando de alcanzar la paz con los grupos guerrilleros. En sus inicios los subversivos hicieron creer que su motivación era política. Ahora que están cobijados en Venezuela y se financian con el narcotráfico y otros delitos. Ya se conocen los resultados de esos intentos de diálogo con estos grupos, sencillamente nulos.
Pero cuando se habla de delincuentes como los que dejaron instalar en zonas como El Cementerio y la Cota 905, ¿sirve para algo el diálogo? ¿Es un objetivo real eso de “convencerlos de que depongan las armas”? ¿Qué les darán a cambio? Y lo que todos deben preguntarse: ¿Se dialoga con delincuentes que cometen a diario delitos o se les pone presos para que paguen una condena por lo que hicieron?
Otro asunto es quién se encarga de hacerles el cerco. Como lo explicara Iván Simonovis recientemente, “con el hampa se dialoga cuando los tienes rodeados, no antes. El objetivo es que depongan su actitud, quitarles las armas y se entreguen a la policía”. Pero que se sepa, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas no tiene entre sus tareas el patrullaje preventivo ni la persecución y sometimiento de delincuentes. Su tarea es sustanciar expedientes, levantar pruebas, por lo que, además, la oferta de diálogo que hace su director es completamente improcedente.
No es suficiente enunciar que son un régimen de paz para que automáticamente se haga la paz. Estos grupos criminales deben ser sometidos con el uso proporcional de la fuerza, como lo explica Simonovis, pero además, reducidos y controlados a través de la aplicación de la ley. Los responsables de tanto terror deben ser procesados en tribunales y deben ser sentenciados si hay pruebas suficientes de los delitos, que obviamente deben recoger los agentes del Cicpc.
El hecho de que la ciudadanía espera una respuesta por parte de los cuerpos de seguridad a las mortales acciones del grupo del Coqui no es para que se pongan creativos y digan que los van a invitar a dialogar, ¿a dialogar sobre qué? ¿Cuáles son los puntos de la agenda? Lo que falta es que digan que tienen cuadrado hasta el cafecito. Los caraqueños lo que realmente quieren escuchar es que desarticularon la banda criminal que mantiene aterrorizado al oeste de la capital.
Editorial de El Nacional
