Al Gobierno argentino se le cumple hoy el plazo para alcanzar un acuerdo con los acreedores que no reestructuraron su deuda en el 2005 y el 2010.
Salvo sorpresa de última hora, esto es, cambio de criterio de Cristina Fernández de Kirchner o del juez Thomas Griesa, Argentina enfrentará este miércoles y su octava suspensión de pagos de la historia y segunda desde la hecatombe del 2001.
Al Gobierno argentino se le cumple hoy el plazo para alcanzar un acuerdo con los acreedores que no reestructuraron su deuda en el 2005 y el 2010 (con quitas de hasta el 65 por ciento). De no lograr un consenso, el país se quedará, en términos absolutos, fuera del sistema financiero internacional al no poder cumplir –por un bloqueo judicial- con vencimientos de deuda reestructurada.
Los acreedores que reclaman el pago íntegro de sus bonos del Estado –fondos de inversión («buitres») y un grupo minoritario- lo hacen con el aval de Griesa en la mano. Esos papeles se rigen, por decisión de Argentina, por la jurisdicción neoyorquina.
En uso de sus atribuciones el magistrado dictó en el año 2012, una sentencia en la que reconoce el derecho de los dueños de esos bonos a cobrar lo que figura en los mismos más los intereses. En total, unos 1.500 millones de dólares. En simultáneo, instó a las partes a sentarse a negociar un plan de pagos. Argentina, que en ese momento presumía de crecimiento a tasas parecidas a las de China, se negó al diálogo y optó por agotar la vía judicial.
El mes pasado la Corte Suprema de EE UU, última instancia, rechazó revisar la sentencia de Griesa que, en lugar de ordenar su ejecución inmediata, dispuso una mesa negociadora coordinada por Daniel Pollack, el «special master» o mediador que ayer escuchaba, contra reloj, a las partes.
Hasta ayer el gobierno argentino declinó las ofertas de los acreedores que le permitirían evitar caer en «default» (cesación de pagos) por incumplir el fallo de Griesa que mantiene bloqueado un vencimiento –de más de quinientos millones de dólares- a los acreedores que aceptaron reestructurar su deuda. El magistrado podría embargar ese dinero para hacer frente a las obligaciones establecidas en su sentencia si hoy no hay un acuerdo “in extremis”.
Ese pago, de no concretarse y no llegar a sus destinatarios nominales hoy como fecha límite, es el que determinará que Argentina entre en «default» (cesación de pagos).
Argentina argumenta que no puede afrontar ese desembolso porque de hacerlo los acreedores que reestructuraron su deuda podrían reclamar el mismo trato que los «buitres» apelando a la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que vence el último día del año.
Fuente: ABC.es
