El Ministerio Público designó a los fiscales 76° nacional con competencia en Protección de Derechos Fundamentales y 91° nacional en materia Indígena, Alejandro Méndez y Carlos Parabia, respectivamente, para investigar la muerte de Henry Silva y Elbert Ramírez, pertenecientes a la comunidad indígena wayuu, ocurrida en horas de la tarde del pasado sábado 19 de septiembre.
Los fiscales coordinan las diligencias de investigación que llevan a cabo efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar, quienes se presentaron en el lugar del hecho para colectar evidencias de interés criminalístico a fin de esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
En horas de la tarde del referido día, Silva y Ramírez se encontraban en el sector Neyma del municipio Alta Guajira, cuando recibieron varios disparos que le causaron la muerte.
Guajira es uno de los 16 municipios fronterizos con Colombia, de un total de 23, en los que el gobierno del presidente Nicolás Maduro decretó un estado de excepción, según ha dicho, para luchar contra el contrabando y el paramilitarismo.
Las medidas del gobierno venezolano también incluyen el cierre de amplios sectores de la zona limítrofe.
El estado de excepción, que Maduro ordenó en varios municipios de Táchira (oeste) el pasado 19 de agosto y que luego extendió a otros territorios de los estados de Zulia y Apure, prohíbe el porte de armas y permite a las autoridades realizar allanamientos e interceptar comunicaciones privadas sin orden judicial.
Maduro adoptó esas medidas tras un ataque a balazos de desconocidos que dejó a tres militares y un civil venezolanos heridos, cuando realizaban una operación anticontrabando, y que el jefe de Estado atribuye a paramilitares colombianos implicados en el narcotráfico.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km, en la que denuncian la actividad de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el gobierno venezolano.
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