“Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”. Esto dice la Constitución que promovió Hugo Chávez, esa misma que no se cansó de violar y que pisotea a cada rato el gobierno chavista desde hace más de 20 años.
Ahora resulta que el ciudadano que piense ejercer su derecho de revocar a un funcionario porque no está de acuerdo con su desempeño, como lo consagra la carta magna ―ese librito azul que tanto les gusta blandir ante las cámaras―, es un delincuente que debe ser sometido al sistema judicial amañado de esta gente. O al menos así lo cree el presidente-psiquiatra de la Asamblea Nacional oficialista. “De 20% de las firmas necesarias no llegaron ni siquiera a 1,5%. ¿Ahora qué van a hablar o decir? Nosotros nos vamos a reservar las acciones legales frente a esta propuesta temeraria, frente a este planteamiento que en modo alguno tiene que ver con lo que está pensando el pueblo de Venezuela”, dijo después de amenazar a Nicmer Evans (antiguo camarada) y César Pérez Vivas por promover el referéndum contra su amigo Nicolás Maduro.
¿Cuál es la ley que piensa aplicarle? ¿Cuál puede estar por encima de la Constitución? Tal parece que el parlamentario sabe mucho de psiquiatría y nada de ordenamiento legal, pero esa no es excusa para violar los derechos que otorga la carta magna a los ciudadanos. Aunque para él y sus compañeros eso no es nada nuevo, como bien se dijo antes. Igual lanza una exigencia al rector Roberto Picón, porque asegura que este directivo del CNE está “haciendo política”. Y aquí se le fue una de su profesión originaria. No hay que olvidar que él mismo ocupó el máximo cargo en el organismo electoral y bajo su mando muchas cosas pasaron; metió la mano en política hasta que se cansó. ¿Será esta una proyección de esas que diagnostican tanto sus colegas? Acusar a alguien de sus propias conductas es una buena manera de lavarse las manos.
¿Por qué los funcionarios chavistas no muestran la misma diligencia en casos realmente delincuenciales como el de la alcaldesa del municipio Jesús María Semprúm, en Falcón, militante del PSUV, que fue detenida con seis panelas de cocaína en su camioneta? Claro, la detuvo la PNB, pero por algo llegó a ese puesto de libre elección, alguien la puso en la lista y la apadrinó. Eso sí que es un delito, no el ejercicio de un derecho constitucional o la denuncia de irregularidades en cualquier organismo público.
Lo que pasa es que en la era chavista recibe premios el que va contra la ley y cárcel el que defiende la verdad y la democracia.
Editorial de El Nacional
