El expediente sobre el incumplimiento del gobierno a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo tiene ahora otra queja: el caso de 300 empleados públicos despedidos de sus cargos porque firmaron para pedir la activación del referéndum revocatorio. El documento fue entregado a la OIT por Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.
La diputada explicó que la mayoría de los despedidos trabajaba en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, aunque también hay denuncias de expulsiones en escuelas, cuerpos policiales, alcaldías y gobernaciones, entre otros organismos.
Solórzano precisó que acciones de este tipo se registraron en toda Venezuela y que los afectados incluidos en la denuncia ante la OIT son asistidos legalmente por el Parlamento. Agregó que también han llevado los casos ante los tribunales y la Inspectoría del Trabajo: “Dependiendo del tipo de funcionario se debe acudir a los distintos organismos. Todos ya están en trámites legales y los estamos asistiendo”.
La parlamentaria indicó que ha llevado los casos por partes ante la Organización Internacional del Trabajo. “Una vez que se cumplan con los requisitos exigidos por la OIT, son presentados y ya están todos”, expresó.
La diputada hizo énfasis en que al sacarlos de sus puestos sin justificación se violan los tratados y acuerdos internacionales, así como la Ley Orgánica del Trabajo.
En cuanto a si los organismos entregaron a los afectados algún documento escrito o si recibieron notificación verbal para prescindir de sus servicios, Solórzano dijo que les dan una especie de formato en el que se señala que sus cargos son “de libre nombramiento y remoción, aunque eso no sea cierto como ocurrió con secretarias que les indicaron que sus cargos eran de confianza”.
Fuente: El Nacional
