Los resultados de las elecciones presidenciales en el estado Vargas no fueron bien recibidas por los dirigentes políticos oficialistas de la entidad, así como por las autoridades regionales.
La razón: el no cumplimiento de la meta establecida en votos por el Comando Nacional del PSUV, que estimaba el 80% de los sufragios para Nicolás Maduro, que terminó alcanzando en la entidad el 56%.
Además el incremento de 10 mil votos a la oposición en la figura de Henrique Capriles, que logró el triunfo en 3 de las 11 parroquias de la entidad.
De acuerdo con las versiones ofrecidas por los propios empleados de la Gobernación de Vargas, desde ayer se inició un proceso de «depuración», impulsada por el Gobernador Jorge García Carneiro, «por la deslealtad con el proceso».
«La orden es revisar si los empleados mantienen algún tipo de contacto con la oposición y si se niegan a asistir a las marchas. La movida de la mata va desde empleados de carrera hasta cargos 99. Lo que buscan es amedrentar» aseguro la fuente que prefirió mantener el anonimato.
Los denunciantes informaron sobre casos puntuales en Infravargas donde fue removida la Consultora Jurídica con el equipo de abogados que la acompañaba. Lo mismo ocurrió en la oficina del Sistema de Atención Tributaria de Vargas (Satvar), en donde 5 empleados fueron despedidos. También se informó sobre reuniones sostenidas en los cuerpos de bomberos y protección civil, así como con el personal del Servicio de Emergencias 171, en donde se les «recordó a los que esperan beneficios de vivienda, que eso puede cambiar si se comprueba alguna conexión con la oposición o con la figura de Capriles».
Afirmaron que mantienen en «revisión» unos 80 casos, por causas políticas.
Las represalias por causas políticas en Vargas fueron de hecho ventilados en las redes sociales, por voceros del oficialismo, como el caso de la Diputada del PSUV Odalys Monzón quien refirió en un tuit que «comencé a meter la lupa aquí en Vargas muchos que están en las Misiones Sociales e instituciones del estado tocando cacerolas no pidan cacao» y en los subsiguientes mensajes aseguró que se «radicalizaría el proceso y se revisaría la entrega de viviendas».
El Universal intentó comunicarse con el secretario de Gobierno de Vargas, José Suárez, para corroborar las denuncias.
A través de portavoces de la Secretaría de Gobierno de Vargas, el funcionario pidió señalar que no tenía comentarios que realizar al respecto, salvo que, en efecto, se estaba realizando una revisión de todos los cargos en la Gobernación que pudieran tener una relación con la oposición.
Los mismos voceros agregaron que «la cifra de despedidos será de 300 personas», y que «al gobernador García Carneiro no le importa si esto se divulgue públicamente o no».
Fuente: EU
