“En Venezuela ya ni siquiera basta con perseguir a quien piensa distinto: ahora castigan a sus familias. A un padre, a una madre que necesita medicinas para vivir, a un hijo que debería estar viendo clases. Los arrancan de sus hogares y los desaparecen para hacer daño donde más duele”, indico la organizacion política en sus redes sociales
El partido político Voluntad Popular denunció la desaparición en Charallave de parte de la familia del dirigente Fernando Orozco, quien se encuentra en clandestinidad. Los desaparecidos serían su hijo Brayant Orozco; su esposa Dilia y una expareja de nombre Carolina.
“En Venezuela ya ni siquiera basta con perseguir a quien piensa distinto: ahora castigan a sus familias. A un padre, a una madre que necesita medicinas para vivir, a un hijo que debería estar viendo clases. Los arrancan de sus hogares y los desaparecen para hacer daño donde más duele. Desde Voluntad Popular denunciamos este nuevo crimen de Estado contra la familia de nuestro hermano, el diputado Fernando Orozco. No hay razón ni justificación posible para lastimar a inocentes. Esto es persecución pura, brutal y deshumanizada; una política de Estado que aplica lo que históricamente se conoce como Sippenhaft: castigar a familiares para vengarse o presionar al perseguido político”, expresaron.
Tras expresar nuevamente su repudio por una “táctica cobarde, proveniente del nazismo, que viola los derechos humanos más fundamentales”, enviaron un mensaje a los afectados: “No están solos. Su libertad y su vida importan. Vamos a seguir alzando la voz hasta que vuelvan con sus seres queridos. Exigimos la liberación inmediata de la familia Orozco y de todos los presos políticos”.
En diciembre de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló a Orozco de supuestamente planificar un acto terrorista contra dos unidades militares ubicadas en el estado Sucre.
🚨 #Urgente Dilia Castillo, Brayant Orozco y Carolina Briceño, familiares del dirigente de Voluntad Popular, Fernando Orozco fueron secuestrados por el régimen la noche de este martes #25Nov, en el estado Miranda.
Hombres encapuchados y vestidos de negro ingresaron de manera… pic.twitter.com/s5JNJGzAeN
— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) November 26, 2025
Una práctica nazi que se consolida
El 24 de noviembre, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la consolidación en Venezuela del Sippenhaft, que significa “castigo por responsabilidad familiar”, en la cual los parientes “cargan con la supuesta culpa del delito cometido por un miembro de la familia”. Recordaron que esta práctica ha sido históricamente asociada con la Alemania nazi y regímenes totalitarios como Corea del Norte, y que constituye “una grave violación del derecho internacional y un patrón de persecución prohibido por todas las normas de derechos humanos”.
En el año 2012, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela mencionó por primera vez en uno de sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la existencia de esta práctica en el país. Recopilaron el testimonio de un detenido, quien aseguró que agentes de la Dgcim lo torturaron y le advirtieron que aplicarían este método. “No fue una amenaza vacía: detuvieron a dos hermanas y a un cuñado, cumpliendo el castigo familiar”, recordó el OVP.
De acuerdo a un monitoreo realizado por esa organización, en el último año se han registrado al menos 23 casos de Sippenhaft: “Entre ellos destacan el de la defensora Rocío San Miguel, detenida junto con su hija, esposo, exesposo y hermanos; la periodista Ana Carolina Guaita, arrestada al no encontrar a sus padres; la dirigente Yenny Barrios, paciente oncológica, tras cuya excarcelación detuvieron a su hijo Diego Sierralta; así como las aprehensiones de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González; del dirigente Biagio Pilieri y su hijo; del dirigente Juan Pablo Guanipa, cuyo hermano también fue detenido; y del defensor Pedro Hernández, junto con su esposa, padre, hermano y un primo”, relataron.
El informe del OVP precisa que el gobierno “ha llegado incluso a secuestrar niños, llevando esta política a su punto más extremo” y enumeran los casos identificados en el último año: “En Carabobo, al no localizar al dirigente Miguel Guillén, fueron detenidos su madre Miriam Fernández Ruiz, de 72, su hijo Miguel Ángel, de 17; su hija Chantal Guillén Ibarra y su nieta de dos años, Nicol Palermo. El adolescente y la niña permanecieron en una sede policial por al menos tres días. En Barinas fueron secuestrados Ángel José Cruz, de 7 años; José Ángel Cruz, de 9 años; José Antonio Cruz, de 5 años, e Ivanela Pérez Villegas, de 12 años, junto a su niñera Franyelis y la madre de los niños. Todos estuvieron en manos de cuerpos de seguridad por más de 72 horas. El más reciente caso es el de Samanta Sofía Hernández Castillo, de 16 años; hermana del teniente en el exilio Christián Hernández; su padre y hermana también permanecen detenidos”.
El OVP recalcó que este método viola derechos fundamentales como el derecho a la libertad y la seguridad personal, el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia, el derecho a la integridad personal y la prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a la protección de la vida privada y familiar.
“Documentamos cada caso y lo remitimos a las instancias internacionales competentes, con el fin de activar los mecanismos de protección y supervisión destinados a frenar estas violaciones. En ese sentido, exigimos una investigación exhaustiva de todos los hechos registrados, así como el cese inmediato de esta política de persecución basada en vínculos familiares. Del mismo modo, demandamos justicia y reparación integral para todas las víctimas del Sippenhaft en Venezuela”, concluyeron.