Los trabajadores del sector público que salen jubilados tienen que esperar más de tres años para que les cancelen sus prestaciones sociales, lo cual incumple la Ley Orgánica del Trabajo, informó Edgar Silva, coordinador del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.
Silva explicó que cuando un funcionario es jubilado, el ente estatal le paga la pensión, no así las prestaciones sociales, cuando la LOT dispone cumplir esa obligación de inmediato. Agregó que por la variación de precios que hay en el país, cuando se cobra el dinero alcanza para menos. “Luego de tres años, las prestaciones cobradas por el trabajador están devaluadas por la inflación que hay en Venezuela”, dijo.
Sobre el otorgamiento de nuevas pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el dirigente recordó que el gobierno informó que beneficiaría a 300.000 personas en 2015.
Agregó que el presidente Nicolás Maduro tocó el tema en julio y agosto cuando anunció que había 40.000 nuevos pensionados, lo cual “dista de la meta oficial y es difícil de llenar a tres meses de concluir el año”.
En medio de una concentración de afectados en Los Cortijos, el Comité y Provea introdujeron el martes una demanda contra el IVSS en el Juzgado de Primera Instancia Municipal por la falta de prestación de servicio del organismo a los aspirantes a una pensión de vejez, pese a cumplir los requisitos de la ley.
Silva señaló que la Misión en Amor Mayor desapareció y que 700.000 inscritos en la iniciativa deben registrarse otra vez en la Misión Hogares de la Patria controlada por las Unidades de Batalla Bolívar Chávez y el PSUV.
Agregó que los pensionados del IVSS exigen tres meses de aguinaldo (actualmente cobran dos) igual que los jubilados del sector público, además de la publicación en Gaceta Oficial del decreto que crea los bonos de salud y recreación para las personas mayores que han sido anunciadas en varias oportunidades por Maduro y que aún no se ha concretado.
El Nacional.
