La diplomacia es por lo general gentil, dócil y paciente. Siempre deja espacio para escuchar y también para disimular. Los funcionarios internacionales siempre abren las puertas en primer lugar a los agentes de los gobiernos porque en definitiva les garantizan sus salarios y los fondos para la supervivencia institucional.
Un ejemplo visible de esta realidad la hemos visto con la actuación de los secretarios generales de la OEA y Unasur. El primero, Insulza, de comprobada vocería a favor de los regímenes de su simpatía y en contra de la sociedad civil; y el segundo, siempre bailando al son de los gobiernos de turno, incluyendo el de su país, gobernado por militantes de su partido, el PSUV.
Entiéndase que estos personajes actúan como jefes sin alma ni solidaridad, respondiendo a los intereses de los gobiernos que los premiaron con cargos que les permiten el disfrute de jugosos salarios y otros beneficios de la burocracia internacional.
El gobierno bolivariano no tardó en comprender esta debilidad.
A lo largo de estos años ha logrado penetrar estos organismos no porque cuenten con una diplomacia que se sabe mover profesionalmente en las entrañas del sistema internacional, sino que aprendieron gracias a la pícara experiencia cubana y su aparato de propaganda con la imagen del Che Guevara a la cabeza. Hoy han logrado que las instancias internacionales hagan la vista gorda ante los déficits democráticos, económicos y sociales de los gobiernos del Alba.
De allí el cínico reconocimiento de la Unesco cuando declara a Venezuela libre de analfabetismo o a la FAO, que premia a Venezuela por superar metas del milenio sobre la base de chimbas estadísticas oficiales. Igualmente duele el silencio de las Naciones Unidas ante unas elecciones poco transparentes y amañadas en Venezuela.
Sin embargo, a pesar de la receptividad que obtienen los altos funcionarios chavistas en sus visitas ante estos organismos y su silencio cómplice, por lo general quienes escuchan con atención y delicadeza conocen a carta cabal lo que realmente ocurre en Venezuela.
Cuando el canciller Jaua se reunió con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU para denunciar a la oposición y entregarle un informe de la Defensoría del Pueblo, ya la señora Navanemthem Pillay sabía que el CNE en Venezuela era pro gobierno y que la actuación de la Defensoría se restringía a apoyar solo a los sectores progubernamentales.
Además, la funcionaria conocía que Venezuela era uno de los pocos países del mundo empeñados en seguir apoyando al régimen de Siria responsable de la muerte de más de 90.000 personas en apenas 2 años de guerra civil.
Por cierto, esta mujer que luchó contra el apartheid en su país, Suráfrica, sabía que el Gobierno de Venezuela aplica a la oposición las mismas políticas de discriminación de los blancos surafricanos.
Editorial de El Nacional
