La democracia venezolana está en crisis y como tal debería ser atendida internacionalmente, comenzando por el hemisferio todo y el más cercano vecindario. En este lado del mundo deberían encontrarse los países más interesados y preocupados por la estabilidad democrática regional y de Venezuela.
Sin embargo, los presidentes de por aquí, entre arrojos antiimperialistas, retóricas autonomistas, alardes de liderazgo y pragmático dejar hacer, alentaron el debilitamiento de los compromisos de protección de la democracia, promovieron el acompañamiento electoral que desplazó a la observación internacional integral y sometieron a toda clase de presiones al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Si en la OEA el representante de algún país vecino osara plantear la crisis venezolana y asomar la necesidad de activar la Carta Democrática Interamericana, como en rigor debería haberse hecho, correría la suerte del representante panameño que terminó insultado y destituido.
De modo que, en su afán de sofocar internacionalmente el reclamo opositor sobre los ajustados resultados del 14 de abril, Nicolás Maduro acudió a la Unión de Naciones Suramericanas antes de juramentarse.
En los consensos de la Unasur pesan mucho los presidentes de vocación reeleccionista y concentradora del poder. Pero tan graves, por ofensivas, amenazantes y agresivas, habían sido las respuestas del Gobierno a la solicitud y protestas de la oposición, que en la cita de Lima del 18 al 19 de abril no ganó el puro y simple respaldo al triunfo de Maduro, tampoco el rechazo ni mucho menos la criminalización de las demandas opositoras.
Tras larga negociación se acogió “la decisión del Consejo Nacional Electoral de implementar una metodología que permita la auditoría del total de las mesas electorales”; se hizo un llamado “a deponer toda actitud o acto de violencia que ponga en riesgo la paz social del país” a la vez que se invocó “al diálogo y a contribuir a preservar un clima de tolerancia en beneficio de todo el pueblo venezolano”, y se acordó designar “una comisión de Unasur para acompañar la investigación de los hechos violentos del 15 de abril del 2013”.
Pues bien, a una semana de la cumbre de Unasur, el CNE no ha evitado responder directamente las solicitudes de la oposición y, en cambio, ha negado lo esencial de la auditoría; desde todas las ramas del poder público, gobiernos regionales y empresas del Estado se mantiene la grosera escalada de intimidación gubernamental a los electores sospechosos de haber votado por Henrique Capriles y se le criminaliza y amenaza con cárcel a él y a la dirigencia de la oposición por supuestas responsabilidades penales. Se niega la abrumadora evidencia en contrario, no hay investigación independiente.
Pasaremos esta página negra y en ella quedará el registro de silencios y cálculos, burlas y burlados. La página limpia será para los demócratas.
Editorial de El Nacional
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