La presidente del partido Encuentro Ciudadano Delsa Solórzano se pronunció en relación al informe que publicó este jueves Michelle Bachelet, afirmando que el Estado Venezolano comete ejecuciones extrajudiciales y que la mayoría ocurre en los sectores populares contra la población más vulnerable.
Aseguró que el texto ratifica que los autores materiales irrumpen en las casas de las víctimas, «valiéndose, incluso, de violencia de género para controlar testigos y separar a las víctimas de sus familias».
El informe reitera el uso indebido de la fuerza en las operaciones policiales realizadas en La Vega. «Por cierto, El Coqui sigue haciendo de las suyas bajo la mirada cómplice de la dictadura», indicó a través de su cuenta en la red social Twitter.
Solórzano dijo que el informe de Bachelet destaca el asesinato de la familia Remolina, en el estado Apure, luego de haber sido ilegalmente detenidos por las fuerzas de seguridad del gobierno.
«Se comenten graves torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que incluyen: golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación, entre otros», dijo.
Al igual que desapariciones forzadas, que van desde breves, hasta de varios meses. «Los propios torturadores son llamados a declarar contras sus víctimas, sin que jueces o fiscales tomaran ninguna medida».
Agregó que el SEBIN y la DGCIM actúan en conjunto en violaciones de DDHH y obligan a los detenidos, bajo tortura, a declarar en su propia contra. «Ocurre violencia sexual por parte de sus custodios, contra mujeres privadas de libertad».
«Destaca el estado de insalubridad, falta de atención médica, falta de luz solar, falta de alimentación, hacinamiento y demás condiciones inhumanas en las que se encuentras los privados de libertad, muy particularmente los presos políticos», reseñó.
-Se ataca la prensa libre y a los defensores de DDHH, violando derechos tanto de las víctimas directas de estos ataques, como de la ciudadanía. Sin dejar de lado el secuestro o robo de las organizaciones políticas democráticas y la usurpación de sus legítimas directivas, así como la violación al derecho al voto directo de los pueblos indígenas. Igualmente se violó el derecho al voto libre y justo.
Solórzano pidió actuar a la Corte Penal Internacional. «De nuevo queda al desnudo la dictadura de Maduro», puntualizó.
NOTA DE PRENSA
