En lo que representa la admisión más explícita de la vulnerabilidad estratégica del Estado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitó este miércoles 28 de enero un plazo de 100 días para replantear desde cero la doctrina de seguridad de la nación. La orden busca diseñar un «Nuevo Sistema Defensivo para Venezuela», confirmando que el aparato militar actual fue incapaz de cumplir su misión fundamental.
El reconocimiento de una brecha tecnológica
La petición de Rodríguez surge como respuesta directa al trauma institucional del 3 de enero, cuando una incursión quirúrgica estadounidense logró vulnerar los anillos de seguridad en Caracas y extraer a Nicolás Maduro. El hecho dejó en evidencia que los esquemas de inteligencia, defensa antiaérea y reacción rápida de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resultaron inoperantes ante tácticas extranjeras de alta tecnología.
«Pido a todos los organismos máxima cooperación para que, en 100 días, tengamos lineamientos claros del nuevo sistema en perfecta unión cívico-militar-policial», declaró Rodríguez, dejando entrever que la estructura de mando actual carece de la claridad necesaria para enfrentar el nuevo escenario geopolítico.
El fin del mito del «escudo inexpugnable»
Durante más de una década, el liderazgo chavista promocionó sistemas de misiles y radares de fabricación rusa y china como una barrera infranqueable. Sin embargo, la reestructuración ordenada por la presidenta encargada confirma dos realidades críticas:
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Obsolescencia: El equipamiento y la táctica vigentes fueron neutralizados sin resistencia significativa en el corazón del poder.
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Falla de Inteligencia: Los sistemas de alerta temprana y los círculos de protección personal fallaron al no detectar ni neutralizar la amenaza antes del descabezamiento del Ejecutivo.
Hacia una nueva doctrina: ¿Supervivencia o reforma?
Los «100 días» solicitados por Rodríguez son vistos por analistas como un intento de retomar el control sobre una oficialidad desmoralizada y fragmentada tras la captura de Maduro. El enfoque en la «unión cívico-militar-policial» sugiere que el nuevo sistema podría profundizar la vigilancia interna y el control territorial, más que una modernización técnica convencional.
El gobierno reconoce así, de forma implícita, que la soberanía aérea y terrestre fue comprometida en su punto más sensible, obligando a una reconstrucción total de la defensa nacional en medio de la mayor crisis de legitimidad militar de su historia.
