Creciente desafío de los inmigrantes indocumentados a EE. UU. obliga a buscar soluciones profundas.
El tan idealizado sueño americano se ha convirtiendo, cada vez más, en pesadilla para miles. Al menos así se extrae de las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, que registró casi 2,5 millones de detenciones de inmigrantes indocumentados desde el primero de octubre del 2021 hasta el 31 de agosto de 2022, y que a la vez reportó más de 1,3 millones de expulsiones.
Es un terrible drama que podría asimilarse a una versión contemporánea del mito de Sísifo, porque así como el personaje griego está condenado a subir una pesada roca y cuando está a punto de conquistar la cima esta se vuelve a despeñar –lo que lo obliga a volver a reanudar el ascenso de manera interminable–, los inmigrantes recién expulsados lo intentan una y otra vez, exponiendo sus vidas y las de sus familias a la más siniestra suerte. Así lo advirtió Human Rights First, una organización que tiene datos de más de 10.000 personas que tras esos procesos de repatriación forzada han sufrido en México secuestros, asesinatos, torturas, violaciones y otros tipos de situaciones extremas, muy diferentes al idilio que narran quienes sobreviven al intento y les va bien en un país que ya no se vanagloria –como antes– de ser tierra de inmigrantes.
Y esto es algo que deben tener muy claro aquellos que, a pesar de todas las advertencias, los crudos relatos y las desgarradoras noticias, persisten en entrar clandestinamente al país del norte o se la juegan por llegar en una peligrosa travesía desde el Darién colombo-panameño a la frontera sur para solicitar un asilo que ya ni siquiera es considerado en apego al Título 42, que propicia las expulsiones como medida sanitaria.
Además, algunos gobernadores republicanos están enviando a los inmigrantes a estados dirigidos por demócratas, en una maniobra cuestionable.
La equivocada percepción de que el gobierno de Joe Biden será benévolo luego de las duras políticas de Donald Trump (aunque su forma de abordar el fenómeno es diferente), el cambio climático que ha disparado la pobreza en varios países, los coletazos económicos de la pandemia y regímenes violadores de DD. HH. explican de manera parcial lo que sucede, así se asuma como un fenómeno global cíclico.
Colombia, por supuesto, no se escapa. El éxodo de connacionales bate récords y hasta ahora no ha habido forma de desestimularlo. En agosto fueron detenidos más de 14.000 intentando ingresar ilegalmente por el ‘hueco’, y en lo que va del año fiscal van más de 116.000 arrestados, lo que debe poner en alerta a las autoridades colombianas así como ya lo están las de EE. UU., pues se pasó de menos de 3.000 en el 2020 y alrededor de 10.000 en 2021 a la crítica cifra actual. El tema se convierte en un asunto de seguridad nacional porque 25 de los colombianos detenidos están en el Terrorist Screening Dataset, es decir, tienen o tuvieron algún lazo con grupos terroristas.
Pero acá no acaban las desgracias, pues, como si el infortunio de los inmigrantes fuera parte de una puesta en escena política con miras a las legislativas de noviembre en EE. UU., algunos gobernadores republicanos están enviando a los inmigrantes indocumentados a estados gobernados por demócratas, en una cuestionable maniobra de campaña que algunos sectores califican de inmoral.
Por todo ello, el Gobierno colombiano, mancomunadamente con los vecinos y con Washington, debe diseñar estrategias para contener esa hemorragia de talentos que muy probablemente, si tuvieran una oportunidad, no estarían pensando en exponer sus vidas y su integridad. La realidad obliga a reconocer el problema y a buscar soluciones de fondo y sostenibles.
Editorial de El Tiempo.com
