La Defensa pública instaló en Falcón un plan para la atención de privados de libertad. En este sentido el defensor público general Daniel Ramírez informó que el plan pretende revisar y dar seguimiento a los casos de los más de 1.800 reclusos de la cárcel de Coro, con el fin de garantizar una justicia expedita.
“En el caso de los condenados vamos a verificar los requisitos necesarios tales como las evaluaciones psicosociales o algún otro requisito, todo ello lo haremos llegar a los circuitos judiciales penales», dijo el funcionario.
Ramírez explicó que en este proceso también se ha incorporado el personal de la Sala de Casación Penal y los Circuitos Judiciales. «Luego los jueces, al revisar los requisitos, los exámenes psicosociales y los cómputos de la pena deberán pronunciarse sobre fórmulas alternativa de cumplimiento de pena”, señaló.
Agregó que “en el caso de los procesados se están revisando expedientes que revisten gravedad tales como homicidios y tráfico de drogas, incluso de menor cuantía. Todo esto se está haciendo para agilizar las audiencias preliminares y el juicio oral y público».
El funcionario indicó que la defensa pública pretende atender a más de 57.000 privados a de libertad en todo el país.