El abogado, José Luis Tamayo, insistió en que el Poder Judicial está en la obligación de pronunciarse prontamente por la posibilidad de una medida humanitaria a favor del comisario general, Iván Simonovis. Destacó que la solicitud se hizo desde hace más de cinco meses. “La juez primero de ejecución de Maracay, Ada Armas, ha venido posponiendo las decisiones, cada vez pide más exámenes”, dijo en entrevista a Unión Radio.
Confía en que la próxima semana los tribunales se pronuncien, pues alega que el estado de salud de Simonovis sigue deteriorándose. «El presidente, Nicolás Maduro, dejó abierta la posibilidad, pero si la Juez no se pronuncia después que se le hagan los últimos exámenes médicos, cabe en contra de ella una acción de amparo constitucional», indicó.
Tamayo lamentó que el primer mandatario, en días pasados, haya partido de una “inexacta información” al señalar que Simonovis fue condenado por delitos de lesa humanidad. “Eso no es cierto, en la sentencia que dictó Maryori Calderón quedó definitivamente firme: condenó a Simonovis, al igual que al resto de los comisarios y a los policías metropolitanos, a la pena máxima de 30 años por delitos ordinarios de homicidio y lesiones en complicidad correspectiva”, precisó.
Explicó que la complicidad correspectiva implica que no se supo quién fue el autor de dos muertes y 17 lesionados en los sucesos del 11 de abril del año 2002. Tamayo recordó que el artículo 29 de la Constitución Nacional prohíbe que se concedan indultos o amnistías a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de violaciones graves a los derechos humanos.
Fuente: Unión Radio
