82.912 ciudadanos le dieron a Juan Requesens un curul en la Asamblea Nacional, pero la acusación del presidente Nicolás Maduro sobre su presunta participación en el atentado que le hicieron en la avenida Bolívar el 4 de agosto, lo envió a una celda en la sede del Sebin de El Helicoide, sitio de reclusión que la juez Carol Padilla, del Tribunal Especial 1º de Control con competencia en Terrorismo, decidió para él al admitir la imputación de los siete delitos que solicitó la Fiscalía.
El martes a las 10:30 pm, siete días después de haber sido detenido por el Sebin durante un allanamiento en la residencia de su padre en Caracas –sin ninguna orden de un fiscal– concluyó la audiencia de presentación del diputado.
La juez, que también está a cargo del Tribunal 20º de Control Ordinario de Caracas y el año pasado solicitó la detención de la fiscal Luisa Ortega, acordó la privación preventiva de libertad y la incautación de todos los bienes, muebles e inmuebles del diputado. Además, lleva el caso de Julio Borges, quien denunció que Padilla es la mano derecha de Diosdado Cabello.
Requesens fue acusado de ser el presunto autor y partícipe en los delitos de instigación pública continuada, traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de frustración contra siete militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, terrorismo, asociación para delinquir y posesión de armas y municiones.
Joel García, abogado defensor del diputado, aseguró que Requesens se declaró inocente y afirmó que estaba siendo juzgado por ser político.
El abogado informó que impugnarán la decisión ante la Corte de Apelaciones, luego de que el tribunal emita la sentencia con todos los argumentos de acusación y calificó la audiencia de sesgada.
Explicó que entre las razones para apelar la decisión del tribunal está la detención arbitraria, la violación al debido proceso, la presentación a destiempo ante los tribunales y por que los delitos de los que lo acusan no están acorde con la conducta que el diputado dijo que asumió.
“No hay ni una sola prueba. Lo que hay es una condena a priori, sin juicio previo, una decisión del presidente. El pronunciamiento de la juez fue idéntico al del fiscal, lo cual demuestra que no hay independencia de poderes. Estamos en presencia de una justicia alternativa, que no aparece en nuestras normas ni en la Constitución”, expresó.
Horas antes de conocerse la decisión de la juez, Maduro pidió al fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, y a Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, realizar el juicio de forma pública y abierta. Asimismo, solicitó hacer “de conocimiento de todos los venezolanos” todo el proceso de investigación. “Juicio público, abierto, transparente, para crear conciencia nacional”, dijo.
La diputada Delsa Solórzano acusó a la juez Padilla de tener vinculaciones políticas con el gobierno. “Tenemos información sobre sus vinculaciones políticas, lo que evidencia que no hay independencia del Poder Judicial y en los próximos días lo presentaremos ante el país”, expresó.
Irregularidades. García indicó que la juez no incorporó en la investigación los videos divulgados por el gobierno, de los cuales el diputado no recuerda haber grabado. “Juan se enteró de los videos porque le informé. Él no sabía de la existencia del video que difundió Jorge Rodríguez”, agregó.
Dijo que Requesens declaró que solo recuerda el video en el que él aparece en un baño con una ropa interior sucia que –afirmó– un funcionario lo obligó a ponérsela. “Es falso que fue por un reconocimiento médico. Todo trata de un show mediático que el Ejecutivo hace con los venezolanos”.
García indicó que no han tenido comunicación privada con el diputado y que su familia tampoco ha podido constatar su estado físico, psicológico y de salud.
Piden permitir visita de misión de investigación
La Unión Interparlamentaria solicitó al gobierno de Nicolás Maduro que permita la visita de una misión de investigación de su Comité de Derechos Humanos, para evaluar la situación en que se encuentran varios diputados, entre ellos Juan Requesens.
La petición tiene carácter de urgencia “dada la constante represión a la que son sometidos varios diputados por el gobierno”. De los 112 parlamentarios, 1 está preso, 4 se encuentran en el exilio y 1 está refugiado en una embajada.
Abogados repudian tratos crueles
La Federación Interamericana de Abogados, Capítulo Venezuela, rechazó la forma “arbitraria, ilegal y cruel” con la que fue tratado el diputado Juan Requesens, durante su detención arbitraria. El diputado Ramón Flores, quien preside el organismo, expresó que los hechos ocurridos con su colega violan la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Dijo que las declaraciones bajo torturas son nulas.
