El aplazamiento del comienzo del juicio contra el dirigente opositor Leopoldo López y los cuatro estudiantes acusados de los hechos de violencia ocurridos tras la marcha opositora del 12 de febrero, previsto para el próximo 23 de febrero, solicitó su defensa ayer, alegando que de no modificarse las actuales circunstancias no irán «a un proceso justo» ni en el que «se va a hallar la verdad».
Tras formalizar la petición ante la jueza 28 de Juicio de Caracas, Susana Barrientos, el abogado Juan Carlos Gutiérrez recordó que días atrás interpuso ante la Corte de Apelaciones un recurso para conseguir que le permitan presentar en el debate oral y público las pruebas que demuestran la inocencia de su cliente, las cuales fueron rechazadas tanto por la Fiscalía como por la jueza 16 de Control, Adriana López.
«No hemos podido probar ni vamos a poder probar la inocencia de Leopoldo si ese juicio inicia en estas condiciones de indefensión», advirtió el penalista, quien agregó que «eso no será un juicio».
Gutiérrez informó que el Ministerio Público les rechazó 65 testimonios de personas que estuvieron en la marcha opositora y 15 videos, los cuales demostrarían que el fundador de Voluntad Popular ni incitó el ataque a la sede donde la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tiene su despacho ni llamó a derrocar a las autoridades al promover la iniciativa llamada «La Salida».
«La recepción de las pruebas va a determinar la verdad de su conducta, la ausencia de punibilidad y va a esclarecer de manera clara y absoluta que él no ha cometido ningún delito», agregó.
No obstante, el penalista reconoció que existen grandes posibilidades de que la Corte de Apelaciones no atienda su solicitud, pero pese a ello anunció que harán frente al proceso.
«No abandonamos batallas. No cedemos espacios», aseveró Gutiérrez, quien reiteró que su cliente es víctima de graves violaciones a sus Derechos Humanos.
«Leopoldo se mantiene bajo condiciones de aislamiento y confinamiento. No puede tener contacto con terceras personas, no puede hablar con otros presos, eso a nuestro modo de ver constituye un delito de tortura», dijo.
Ayer la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, anunció que las condiciones de reclusión del opositor podrían ser modificadas. En la víspera la fiscal general, Luisa Ortega, garantizó que verificaría las condiciones en las que está en la cárcel militar de Ramo Verde.
JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
