Se inició una nueva fase de persecución selectiva a dirigentes y activistas de Voluntad Popular. El régimen liderado por Nicolás Maduro actúa desde el sistema de justicia, contra líderes sociales, estudiantiles y coordinadores de redes populares, tal es el caso de Gilberto Sojo, humilde motorizado, responsable de VP de la Parroquia San Agustín (Caracas) y presidente del Club de Abuelos de la zona, quien permanece aislado en la sede del SEBIN desde hace 21 días acusado por el delito de Terrorismo Individual, previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
El jurista Ramón Flores, coordinador de la defensa de Sojo, ha denunciado que a su defendido pretenden sembrarle explosivos lo cual habría sido denunciado por un “patriota cooperante”, figura que prohibida por la Constitución Nacional, ya que no se permite el anonimato. “El fin de semana, entraron a la oficina de los abogados, reventaron todas las instalaciones, se llevaron las computadoras y documentos que habíamos elaborado para la defensa de Gilberto Sojo”, aseguró.
Flores, quien también desempeña como Presidente del Comité de los Derechos Humanos de los Abogados de las Américas (Federación Interamericana de Abogados – FIA) anunció que activarían el protocolo de resguardo a los abogados y otros empleados ante los organismos internacionales y reclamará ante las autoridades competentes la cadena de violaciones a los derechos humanos.
Denunció que pretenden crear miedo en los abogados que defienden a los presos políticos; y asimismo, quieren construir un expediente bajo el título de delincuencia organizada contra Voluntad Popular, para desprestigiar la imagen de la tolda ante la opinión pública nacional y extranjera y procurar la ilegalización de la organización política que ha puesto en la agenda del país la Constituyente, como instrumento pacífico para la transformación del Estado y nuevo orden social y político.
Recordemos que Sojo fue detenido dentro de las oficinas de la empresa estatal telefónica Movilnet, donde le ofrecieron regalar un teléfono celular y funcionarios del SEBIN, bajo engaño, secuestraron a su esposa e hija menor de 3 años, quien permaneció detenida y privada de libertad en El Helicoide por más de 35 horas. Para el momento de la audiencia preliminar, el juez de control décimo, a espalda de la defensa le designó a Gilberto un defensor público.
NOTA DE PRENSA
