Cuatro magistrados nombrados por la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora llegaron a Colombia para denunciar la persecución de la que son víctimas en Venezuela y la ruptura del hilo constitucional en su país.
“Lo que hicimos es un acto de protección para nosotros y para nuestra familia”, dijo hoy el magistrado Rafael Ortega, quien llegó el 1 de agosto a Colombia en calidad de desplazado.
Ortega fue uno de los 33 magistrados que tomaron juramento el 21 de julio ante la AN, para sustituir a los que fueron designados de forma irregular en diciembre de 2015.
“No estamos pidiendo asilo”, aclaró el jurista, quien agradeció el trato de las autoridades colombianas, a quienes han solicitado entrevistas para informarles de su condición.
También viajaron a Colombia los magistrados Gonzalo Olivero, Rubén Carillo, Gonzalo Álvarez y Pedro Troconis, quien ya salió del país.
Un día después de juramentar a los nuevos magistrados, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo al juez Ángel Zerpa. Posteriormente Nicolás Maduro anunció que los 33 juristas serían encarcelados “uno por uno”, además se les congelarían sus bienes y sus cuentas bancarias.
“Nosotros no hemos cometido ningún delito, el haber concursado, el haber llegado a ser magistrados de la República nos compromete más aún como los venezolanos”, agregó Ortega, quien fue designado para la Sala Social.
Ortega lamentó que Zerpa permanezca recluido en la sede del Sebin en Caracas en un “baño con tres personas más”.
El jurista calificó de falsas las versiones de que huyeron del país, e indicó que presos no hacen nada.
Según dijo, los magistrados que están en Colombia, así como los que permanecen en Estados Unidos, Chile y Panamá están en “contacto permanente” y mantienen gestiones con distintos organismos para denunciar la situación en su país.
“En Venezuela hay una dictadura, porque se rompió el hilo constitucional. Hay una sola persona que gobierna y es un dictador, que se sepa que los cinco poderes (del Estado) están controlados por un grupito de personas”, alertó.
El magistrado dijo haber recibido llamadas con amenazas contra él y su familia, con la que debió cambiar en varias oportunidades de residencia.
“Ante ese despliegue de poder institucional que tiene el gobierno y en resguardo de mi vida y mi núcleo familiar, tomé las previsiones para trasladarme hasta Colombia”, agregó.
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Por Confirmado Massiel Bravo
