Hasta marzo pasado el exgobernador de Guárico, Luis Gallardo, un cuadro de bajo perfil y depositario de la confianza de la cúpula del PSUV para asumir el mandato luego de la muerte abrupta del gobernador Willian Lara, era un ejemplo, al menos para el público general, de militante disciplinado y obediente. Además, contaba con el apoyo de un importante sector universitario -había sido rector de la Universidad de Los Llanos- y había dejado de lado sus aspiraciones a la reelección para apoyar la campaña del actual gobernador Ramón Rodríguez Chacín. Pero eso fue solo hasta finales de marzo pasado, poco antes de que el nuevo Gobierno Nacional anunciara una cruzada anticorrupción que se llevaría por el medio a varios dirigentes opositores, como Richard Mardo, y al mismo Gallardo junto con seis de sus colaboradores de los dos años de su gestión (2010-2012).
Al contrario de al menos cinco exgobernadores exchavistas a los que se le ha señalado de irregularidades administrativas -el ejemplo más reciente es del exgobernador de Monagas, José «Gato» Briceño a quien la Plenaria de la AN sancionó políticamente el pasado martes- Gallardo pertenece a las filas del PSUV. Y detrás de la cruzada para recuperar la ética socialista con el caso Gallardo explotan los conflictos internos que aun ponen a tambalear la unidad roja a cuatro meses de la muerte del líder de la revolución Hugo Chávez. Se acusa a la oposición pero también al chavismo, han insistido dirigentes rojos, solo que, dice el expepetista y exdiputado por Guárico, José Albornoz, se escogió en el PSUV a alguien como Gallardo, «que no tuviera tantos dolientes», entre otros casos susceptibles de ser investigados.
Albornoz, que rompió con el chavismo en 2007, considera que la investigación al sustituto de Willian Lara es una decisión política que obedece al contexto que vive el país. Para Albornoz es el momento político perfecto para sacar las facturas pendientes a los más débiles que no cuentan con el padrinazgo de algún integrante de la cúpula roja.
«Eso es una huida hacia adelante. El planteamiento del PSUV de todo lo que tiene que ver con la transparencia es importante sacarlo por la situación del país y no solo acusar a opositores, tratar de demostrar que se acusa también a lo interno del chavismo. Habría que preguntarse si había condiciones para que esa investigación se abriera poco después de la muerte de Lara y no se hubiese llegado a donde se llegó ahora, pero eso es parte de la pelea interna que involucra al Gobierno. En el chavismo se escogió a Gallardo, que viene de la universidad y tenía un prestigio, y se le utilizó en un momento determinado. Luego comenzó a tener poder más allá del PSUV, era un agente libre que estaba cogiendo fuerza, a lo interno se veían manifestaciones de apoyo y se necesitaba ponerle un coto».
Agregó Albornoz: «De las 20 gobernaciones del chavismo 17 fueron propuestas por Diosdado Cabello y eso da un poder inmenso. Parte de la debilidad de Maduro ahora tiene que ver con tirar zarpazos para ver cómo evita que se termine de fracturar el gobierno con todas las denuncias de corrupción que existen. ¿Todas las gobernaciones pasan la prueba anticorrupción? Habría que ver. Con Gallardo agarraron un ejemplo que no tenía tantos dolientes dentro del PSUV. Los gobernadores se han fortalecido mucho a lo interno del partido y pueden desarrollar clientelismo con mayor libertad y poder de acción».
Defensores y acusadores
A Gallardo le han salido defensores: cierto sector universitario del chavismo que considera injusta la acusación y diputados molestos con las imposiciones de la cúpula. En la página Web Aporrea, que expresa la opinión del chavismo, el profesor Luis Chacín, parafraseando parte de un texto de un columnista, señala que el exgobernador Gallardo «ha sido uno de los políticos más incomprendidos y más atacados», y a continuación hace una lista de todas las obras en el sector educación y salud hechas por el ahora señalado, incluso por el mismo presidente Maduro, de corrupto.
Otro defensor de Gallardo ha sido el presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, Jesús Cepeda, que criticó al gobernador Rodríguez Chacín por «perseguir pesuvistas» y por el desequilibrio político que, dijo, existe en el estado. Cepeda indicó: «Creemos que de esta lucha (contra la corrupción) no se puede hacer un mecanismo para perseguir y asesinar políticamente importantes cuadros de la revolución bolivariana».
Cepeda es uno de los diputados chavistas de la AN, electo en 2010, que respondía a los gobernadores que estuvieron en funciones hasta el año 2012. En la AN se han visto casos de diputados que se rebelan a la línea del vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, para defender a gobernadores que los apoyaron para entrar en la AN pero que no repitieron, como el caso de los parlamentarios del estado Monagas que no respaldaron a la gobernadora Santaella y defendieron al «Gato» cuando fue acusado por el PSUV.
El diputado Jesús «Kike» Domínguez ex chavista y defensor de la gestión del «Gato» Briceño, señala que lo ocurrido con Gallardo «es una cortina de humo que el Gobierno quiere enarbolar como bandera para ganar espacios de simpatía frente al país».
Ante señalamientos de este tipo el vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Erick Mago (PSUV) ha asegurado que «no existe tinte político para luchar contra la corrupción. El manejo de los fondos públicos debe hacerse con ética».
Mago ha sido acusado por Domínguez de estar imputado por irregularidades en Ensal, lo que ha sido negado por el parlamentario del estado Sucre. «Lo que pasa es que Mago forma parte de los equipos de gobierno y está protegido por el presidente de la Comisión de Contraloría, Pedro Carreño».
Mientras tanto el presidente Maduro se muestra decidido a continuar lo que ha llamado «la cruzada anticorrupción» que inició poco tiempo después de su toma de posesión y que afectado a funcionarios de institutos como Seniat e Idepabis, porque, ha asegurado «no se trata de cacería de brujas, sino de recuperar la ética socialista».
Fuente: EU
