La presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, pidió este miércoles a los militantes de organizaciones políticas, sociales, juveniles y religiosas que controlen los precios de 500 productos básicos que se mantendrán congelados hasta el 1 de diciembre. En un plan llamado “Mirar para cuidar”, Fernández advirtió de que no dejará “librado” el acuerdo de precios “a las manos únicamente de la buena voluntad de los empresarios o a la capacidad de los inspectores de la Secretaría de Comercio Interior”, que dirige el poderoso y controvertido Guillermo Moreno. La jefa de Estado explicó que los representantes de organizaciones se juntarán la semana próxima con Moreno y alcaldes de toda Argentina para desplegar un “operativo permanente” para “cuidar los bolsillos del pueblo”.
La inflación en Argentina alcanzó en abril el 21% anual, según las agencias provinciales de estadística. En enero se elevaba al 23%, pero al mes siguiente el Gobierno de Fernández acordó con las principales cadenas de supermercados que congelaran todos sus precios. El pacto acabará el próximo 1 de junio, después de cuatro meses, y a partir de entonces solo se mantendrán los valores de 500 productos básicos. Podrá encarecerse el resto de los 10.000 artículos que ofrecen los grandes supermercados. Los demás comercios no están incluidos en la congelación, pero tampoco pueden modificar tanto los precios si sus competidores no lo hacen. Asociaciones de consumidores han criticado que la lista de 500 bienes excluye algunos alimentos básicos e incluye otros superfluos o que no se encuentran en los supermercados.
La bajada de la inflación también puede haber respondido a un menor consumo. Pero el Gobierno ya está adoptando medidas para reactivarlo. Acaba de anunciar que grandes sindicatos, como los de comercio, metalurgia y construcción, recibirán alzas de nómina del 24% y este miércoles Fernández adelantó cuatro meses el aumento de las asignaciones por hijo, que benefician a 4 millones de niños de familias de clases media y baja. Los aumentos de las subvenciones van desde el 22% para los trabajadores de ingresos medios que ganan más hasta el 35% para los parados y empleados sin protección social. Estos incrementos superiores a la inflación se cobrará en junio o julio, antes de que en agosto se celebren las elecciones legislativas primarias. La asignación por hijo para parados y trabajadores informales ha sido una innovación en la política social de Argentina, similar a la que ya habían aplicado México y Brasil, aunque de mayor volumen en relación al presupuesto local. Con este nuevo aumento mejorará el poder de compra de quienes la reciben desde 2009. Este subsidio evitó que la pobreza (22% de la población) aumentara por la inflación e incluso la redujo levemente.
«No queremos que este esfuerzo formidable que hace el Estado y que hace la sociedad signifique lo que ha significado muchas veces, que es el aumento inmediato de los precios», advirtió Fernández al anunciar la subida de asignaciones por hijo, en el mismo acto en la Casa Rosada (sede presidencial de Argentina) en el que llamó al control ciudadano del acuerdo con los supermercados. La presidenta culpó a comerciantes grandes, medianos y chicos de encarecer los productos. “Esto es ayudar al prójimo”, explicó la vigilancia de los precios y recordó que su antecesor y fallecido marido, Néstor Kirchner, había implementado un plan similar en su gobierno en 2005, pero solo en la provincia de Buenos Aires. También en Venezuela los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han llamado al “poder popular” para que vigilara y denunciara las subidas de precios, pero la inflación alcanzó en abril el 29,4% anual.
Los militantes kirchneristas están dispuestos a poner manos a la obra. El líder del Movimiento Evita y secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, convocó a los ciudadanos a denunciar ante la Secretaría de Comercio Interior el incumplimiento del nuevo acuerdo de precios y aclaró que la propuesta de Fernández “no es para los jóvenes de una fuerza política” sino para todos los argentinos. Marcelo Köenig, dirigente de la Corriente Peronista Descamisados, explicó que su agrupación ya venía controlando precios: “Creo en el protagonismo popular a la hora de ejecutar políticas públicas. A las conquistas se las defiende en la calle”. Juan Soriano, de Vatayón Militante, que pregona el kirchnerismo en las cárceles, también reconoció que ese colectivo estaba vigilando precios hace un tiempo: “Confío en que (ahora) se instrumentarán las herramientas y la organización para que no sea un trabajo de patrullas perdidas dando vueltas por los negocios”.
Pero en el ala kirchnerista de la Confederación General del Trabajo (CGT) la idea no convence tanto. «Hay que ver cómo se instrumenta, pero mi apreciación es que los controles de precios desgraciadamente nunca dieron resultado”, lamentó el sindicalista José Luis Lingeri. «Acá hay inflación, como hay inflación en el mundo. España no está peleando el tema del salario y la inflación, sino la estabilidad laboral. Allí hay seis millones de parados», se consoló Lingeri. En Argentina, el desempleo es del 7,9%.
En la oposición, el control militante de los precios ha provocado críticas. El diputado radical Ricardo Alfonsín lo calificó de “intimidatorio” y “muy peligroso”. “El Estado no puede desreponsabilizarse de sus funciones; es el Estado el que tiene que cuidar que no haya comerciantes inescrupulosos que aumenten indebidamente los precios», opinó Alfonsín. // IPP
Fuente: Globovision
