La decisión del líder opositor Henrique Capriles de impugnar los resultados de los comicios del 14 de abril y de no participar a la auditoría del proceso electoral en el caso de que no se cumplan las condiciones que demandó, ha crispado las tensiones en el país, mientras el oficialismo insiste en señalar a opositores de promover planes de desestabilización.
La posibilidad de que la crisis política que enfrenta el país encuentre un camino de distensión se alejó cuando Capriles anunció en la víspera que impugnará legalmente la votación ante la negativa de las autoridades electorales de auditar las papeletas, las actas y los cuadernos de votación.
Aunque el dirigente opositor se mostró pesimista de que su solicitud de impugnación sea aceptada por un Tribunal Supremo de Justicia señalado de simpatizar con el oficialismo, dijo, en una entrevista en el canal de noticias Globovisión, que persistirá en sus denuncias de supuestas irregularidades electorales con las aspiración de que haya una “nueva elección”.
Tanto la auditoría como el proceso de impugnación son vistos por analistas como las salidas para solventar la crisis política que se desató luego de las pasadas elecciones en las que Nicolás Maduro logró 7,5 millones de votos, superando por un estrecho margen de unos 200.000 sufragios a Capriles.
Mientras la oposición mantiene la pugna electoral y la postura de desconocer a Maduro como presidente, el oficialismo también ha recrudecido los ataques contra algunos adversarios del gobierno que son señalados de promover planes desestabilizadores.
Un estadounidense fue acusado el jueves de crear agitación a nivel nacional en un plan en el que estaría vinculado un grupo de jóvenes opositores.
El diputado oficialista Pedro Carreño, presidente de la comisión legislativa que se creó para investigar las violentas protestas ocurridas luego de las elecciones, exigió el viernes a la Fiscalía General actuar con celeridad para procesar a los opositores implicados en esos actos, entre los que ha sido incluido Capriles.
“Exhortaremos al Ministerio Público a que se impongan las sanciones correspondientes. Solicitaremos primero a la instancia competente la incautación de todos los bienes a los responsables, que se les congelen las cuentas y la medida de prohibición de enajenar, gravar, vender o cederlos para que sean confiscados y con ellos resarcir los daños al patrimonio público y a los particulares. Estamos frente a una derecha reaccionaria, corrupta e infame”, dijo Carreño en una entrevista en la televisora estatal.
Carreño desestimó el anunció que realizó Capriles, pues dijo que la “oposición carece de pruebas para impugnar las elecciones” ante las autoridades judiciales.
En la Asamblea Nacional, el presidente del cuerpo legislativo, diputado oficialista Diosdado Cabello, le prohibió el derecho de palabra a los congresistas opositores hasta que reconozcan a Maduro como presidente constitucional.
El diputado opositor Eduardo Gómez Sigala cuestionó las actuaciones de Cabello, y dijo, en declaraciones difundidas el viernes en el diario local El Universal, que “estamos frente a la disolución del estado de derecho, frente a un golpe de facto en la Asamblea avalado por el señor Maduro, que lo que hace es añadir mayor ilegitimidad en este país”.
Gómez Sigala indicó que la legitimidad de Maduro se resolvería con un proceso de auditoría, como lo ha planteado la oposición ante el Consejo Nacional Electoral, ya que “de lo contrario va a continuar la ilegitimidad, la inestabilidad, la intranquilidad de un país que no se va a detener frente las denuncias que se han venido haciendo”.
El plazo máximo para presentar el recurso de impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia es el 6 de mayo, es decir en los 15 días laborables siguientes a la elección. Hasta ahora los líderes opositores no han dicho cuando lo harán.
Tras desconocer la victoria de Maduro la oposición demandó auditar los resultados, a lo que las autoridades electorales respondieron el 18 de abril que revisaría 46% restante de las cajas de votación. Por la ley venezolana en cada proceso electoral se debe auditar 54% de las cajas electorales.
El Consejo Nacional Electoral había dicho que esta semana anunciaría el comienzo de esa auditoría, pero hasta el momento ha mantenido silencio. La revisión fue aceptada por Maduro el mismo día de su victoria al decir que podían abrirse todas las cajas y contarse nuevamente los votos.
Pero desde entonces voceros del gobierno y del CNE han dicho que esa auditoría se hará solo con las actas que emiten las máquinas, sin mencionar los cuadernos de votación.
El ex diplomático venezolano ante Naciones Unidas, Milos Alcalay, afirmó el viernes a la AP, en entrevista telefónica, que “cualquier gobierno sensato tiene que buscar mecanismos en donde pueda reflejar su credibilidad como institución que ganó las elecciones sino el gobierno de Maduro quedará aislado ante la comunidad internacional”. /JM
Fuente: Agencias
