El tribunal Penal Internacional resolvió avanzar con el caso en el que se analizan posibles delitos de lesa humanidad por parte de la administración madurista
La Corte Penal Internacional (CPI) resolvió avanzar en su investigación contra Nicolás Maduro y su administración en Venezuela, que está acusado de una serie de violaciones a los derechos humanos por la violencia ejercida contra la oposición y la sociedad civil.
En principio, el régimen de Maduro ya habría sido notificado de la decisión de la CPI, cuyo fiscal jefe, Karim Khan, había anunciado la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas el pasado 3 de noviembre, e hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento con la gestión socialista, que firmó conjuntamente con Nicolás Maduro.
La CPI, con sede en La Haya, abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos un año antes.
La justicia venezolana ha imputado a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017, según el Ministerio Público. La oposición considera que estas acciones se tomaron únicamente evitar el proceso judicial internacional.
Víctimas y activistas ven “una puerta a la justicia” en investigación de la CPI en Venezuela.
“Tenemos que seguir levantando la voz”, reaccionaron los padres de Juan Pablo Pernalete, manifestante que murió durante las protestas antigubernamentales de 2017 en Venezuela, ante la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles crímenes de lesa humanidad en el país.
José Gregorio y Elvira, los padres de Juan Pablo, fallecido a los 20 años al ser impactado en el pecho por una bomba lacrimógena disparada por un militar, creen que la investigación “abre una puerta a la justicia”.
“Hay sentimientos encontrados”, contó a la agencia AFP Elvira. “Por un lado hay satisfacción por el trabajo denunciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela y hay esperanza porque se abre una puerta a la justicia; pero por el otro hay un vacío. Lloramos mucho. El asesinato de nuestro hijo y otros muchachos jamás debió ocurrir”, lamenta.
Activistas consultados por la AFP celebran este paso, pero advierten que el proceso para establecer responsabilidades será largo. El documento suscrito por Khan y Maduro, de hecho, aclara que “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo”.
Su “peor” momento en materia de DDHH en 30 años
El país vive su “peor” período de violaciones de derechos humanos en los últimos 30 años, dijo Rafael Uzcátegui, sociólogo y director de la ONG Provea, premiada este viernes en Caracas.
“Hoy estamos en la peor situación de derechos humanos en los 33 años de existencia de Provea, no solamente por ausencia de democracia, sino por la crisis económica, que ha llevado a la pobreza a niveles que habían sido desconocidos en los últimos 40 años”, indicó Uzcátegui al recibir en la embajada de Francia en la capital venezolana un premio franco-alemán por el Día Internacional de los Derechos Humanos.
El director de Provea (Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos) habló de los riesgos que corren los defensores de derechos humanos, especialmente los activistas locales con menos cobertura mediática que él.
“Este año tuvimos un logro triste, que es que la Corte Penal Internacional (CPI) haya iniciado una investigación sobre Venezuela” por la represión de las protestas antigubernamentales de 2017 y los opositores que están en prisión, agregó.
En tanto, sotuvo: “Hay autoridades que saben que los defensores (de derechos humanos) y quienes hemos acompañado a las víctimas tenemos una gran responsabilidad en que eso se haya logrado y seguramente en algún momento querrán cobrar esa factura”.
Uzcátegui subrayó en particular que Provea ha sido acusada de “narcotráfico y blanqueo de capitales”, señalamientos que calificó de “delirantes”.
Sin embargo, el activista celebró que la acción de las ONG haya ayudado a la liberación de detenidos y a una actuación “menos represiva” de fuerzas policiales y militares ante manifestaciones en los últimos tiempos
Con información de Infobae.
