Lima, 24 jul (EFE).- El Tribunal Constitucional de Perú (TC) evaluó este jueves un recurso de habeas corpus presentado por los abogados de Betssy Chávez, ex primera ministra durante el mandato presidencial de Pedro Castillo, para que se anule la prisión preventiva en la que permanece desde junio de 2023 y sea liberada de manera inmediata.
La defensa de Chávez, que está acusada de rebelión como presunta participante del fallido golpe de Estado que dio el entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) el 7 de diciembre de 2022, considera que la ex primera ministra es parte de una presunta detención arbitraria.
Los abogados sostienen que la prolongación de la prisión preventiva contra Chávez fue emitida una semana después de que se venciera el plazo inicial de 18 meses, y que durante ese tiempo se vulneró su derecho fundamental a la libertad personal y estuvo en una «indefinición jurídica», según expuso el abogado Luis Barranzuela.
«Si bien la Fiscalía presentó el requerimiento de la prolongación un día antes del vencimiento, lejos de disponer la inmediata realización de la audiencia, fue convocada para una semana después», lamentó Barranzuela.
Por su parte, la representante de la Procuraduría (Abogacía del Estado) del Poder Judicial que intervino en la audiencias sostuvo que «lo manifestado por la parte demandante no se ajusta a realidad porque el requerimiento de prolongación de prisión preventiva se ha solicitado antes del vencimiento del plazo».
«Es importante resaltar que la audiencia fue debidamente notificada. La señora contaba con tres abogados. Uno renunció y los otros dos fueron debidamente notificados pero no asistieron. (…) Se pudo observar que se respetó el principio de defensa y de legalidad ya que estuvo debidamente representada (con un abogado de oficio)», añadió.
La procuradora consideró que Chávez no pudo ser liberada porque «subsiste el peligro procesal y la complejidad del caso» y advirtió que «en el proceso penal ordinario se ha recurrido a ese auto y se ha dado respuesta a sus cuestionamientos».
«Actualmente Betssy Chávez cumple una prolongación (de 15 meses) de prisión preventiva que sigue vigente», agregó.
Tanto Chávez como Castillo son procesados por el intento de golpe, que derivó en la destitución del exmandatario, junto a otros exintegrantes del gabinete y afrontan penas de 25 y 34 años de cárcel, respectivamente.
En huelga de hambre
Chávez se declaró la pasada semana en huelga de hambre y decidió no acudir a una audiencia del juicio.
El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó en un comunicado que Chávez se negó a dejar la cárcel de Mujeres de Chorrillos para ir a la sala penal de Barbadillo, en el este de Lima, donde se celebra el juicio contra ella y Castillo.
Según el organismo penitenciario, la ex primera ministra manifestó que «desea que las autoridades penitenciarias atiendan sus reclamos, e indicó su decisión de iniciar una huelga de hambre».
Ante esto, el Inpe anunció que ha abierto un procedimiento administrativo disciplinario en su contra e informó, además, que la Junta Médica Penitenciaria determinó que debe ser atendida en la especialidad de gastroenterología, ya que presenta dolencias de ese tipo.
Chávez ya pidió en abril pasado que se le traslade al penal de Barbadillo, donde también está recluido Castillo, y es conocido como «la cárcel de los presidentes» por albergar en exclusiva a ex jefes de Estado.
En esa prisión, ubicada en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP), también están presos Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), ambos condenados por casos de corrupción. EFE
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