La corrupción es un mal endémico en casi todos los países del mundo, a excepción de algunas naciones nórdicas y el caso único, en América Latina, de la República Oriental del Uruguay; pero en Venezuela se ha llegado a extremos inimaginables y difícil de explicar por su magnitud en los últimos veinte años de régimen chavo-madurista, con el agravante de tener la rara y execrable condición de no haber dejado a su paso nada construido, sino la destrucción de lo que la antigua corrupción había dejado en pie.
Si hacemos un repaso, a vuelo de pájaro, por nuestra historia republicana veremos casos de corrupción desde la Independencia, pero siempre ese morbo execrable dejaba algo construido, algunas carreteras, autopistas, edificios emblemáticos y una infraestructura que era la envidia de otras naciones de América Latina.
En la época postcolonial, durante la guerra de independencia, se vieron casos de corrupción en el reparto de tierras a nuestros héroes de la geste libertadora, expropiadas a los españoles y a sus adherentes, se vieron actos no santos, pero tuvieron el efecto de fomentar la ganadería y domesticar aquella indómita soldadesca, quienes sin bienes terrenales se sumarían al pillaje y al abigeato.
Uno de los gobernantes más influyentes en la Venezuela del siglo XIX fue Antonio Guzmán Blanco, a quien se acusaba de haberse enriquecido en el manejo, junto con su padre Antonio Leocadio, de lo que hoy se llamaría la “ingeniería financiera” de la deuda pública venezolana, negociada con las grandes potencias y quedándose, padre e hijo, con las comisiones generadas por estas manipulaciones cambiarias, todo lo cual fue escandaloso en la época. Sin embargo, Guzmán dejó una obra de infraestructura notable: el Capitolio Federal, el Teatro Municipal de Caracas, el Palacio de las Academias, la estatua ecuestre del Libertador en la Plaza Bolívar, el ferrocarril de Puerto Cabello a Valencia y Caracas, el de Caracas a La Guaira, el telégrafo, los primeros estudios de luz eléctrica para Caracas, Valencia y Maracaibo, son algunos de sus méritos. Todas las dictaduras del siglo XIX venezolano fueron impregnadas con el morbo de la corrupción, pero siempre dejaban alguna obra notable que recordar.
En el siglo XX ocurrió algo similar: la dictadura de Juan Vicente Gómez, que permaneció en el poder durante 27 años, fue tan corrupta que convirtió a su jefe máximo en el mayor propietario de tierras en Venezuela; sin embargo, unió al país, no solo con la creación del ejército nacional, sino también con el notable desarrollo de las carreteras unificadoras de la amplia geografía nacional. Aún hoy transitamos hacia los Andes por la carretera construida bajo la administración del “benemérito”.
Durante el gobierno del dictador Marcos Pérez Jiménez también la corrupción hizo fama, cuando se consagró el famoso 10% de comisión a los contratistas de obras para el dictador y sus allegados, pero ni siquiera sus más enconados adversarios desconocen que dejó una obra de infraestructura, en autopistas y edificaciones públicas, que son ícono de nuestro paisaje urbano y extraurbano: la autopista Caracas-La Guaira, la Regional del Centro y las icónicas Torres de El Silencio en Caracas son un ejemplo.
En los primeros quince años de nuestra democracia representativa se disminuyó sensiblemente el tema de la corrupción, la que volvió a renacer con el incremento desorbitado de los precios petroleros, cuando una clase política intoxicada con los petrodólares y unos empresarios conocidos como “los doce apóstoles” les entraron a esos recursos con un apetito voraz e insaciable. Sin embargo, la infraestructura petrolera venezolana, la industrialización del país, bajo el esquema de sustitución de importaciones, el desarrollo del emporio de Guayana y la extensa red eléctrica nacional, que exportaba energía a Colombia y al norte brasileño, fueron el dinamo de una economía envidiada por el resto de América Latina.
¡Ah!, pero llegó el comandante Hugo Chávez y mandó a parar y su sucesor no da visos de querer prender los motores apagados por su antecesor. A Venezuela le han ingresado, en estos 23 años de régimen chavo-madurista, la bicoca de casi ¡2 billones de dólares! Y no solo no han construido casi nada, sino que se han dedicado, sistemáticamente, a destruir lo construido por las dictaduras anteriores y por los regímenes democráticos. Para no alargar más este editorial, mencionemos solamente la destrucción, inimaginable para todo ser pensante en el globo terráqueo, de la industria petrolera nacional y todo el emporio de las empresas de Guayana, el abandono del necesario e imprescindible mantenimiento de la red eléctrica nacional que mantiene a oscuras a casi todo el país, carreteras y autopistas abandonadas con huecos y cráteres por doquier. Amén de las obras iniciadas y dejadas indolentemente al garete, como la “red ferroviaria nacional” donde se dilapidaron miles de millones de dólares.
A esa destrucción sistemática sumemos el despilfarro y robo de esa inmensa masa monetaria señalada, que ha llegado al colmo de ser un bien exportable a otros países, por la vía de actividades financieras ilícitas con capital público venezolano.
Transparencia Venezuela -institución dedicada al estudio y denuncia de la corrupción- indica en la contabilidad de su “corruptómetro” sobre 147 investigaciones abiertas por actividades financieras ilícitas en 26 países. Muchos de ellos son considerados paraísos fiscales por Naciones Unidas, como Panamá, Suiza, Andorra, Liechtenstein o Aruba. Destacan también Estados muy pequeños, como Bulgaria, con un poco menos de la mitad del territorio del estado Bolívar; o Haití, una nación poco menos pobre que Honduras. Sin embargo, no son estos los únicos países que evidencian redes de corrupción exportadas por Venezuela. Hay más.
Y, hasta marzo de 2023, solo se conoce el dinero comprometido en 61% de los casos registrados, monto que asciende a casi 70.000 millones de dólares, presuntamente malversados durante los gobiernos de las últimas 2 décadas. La cifra equivale a más de 14 veces las reservas internacionales de Venezuela en 2023 y 7 veces el presupuesto nacional estimado para este año. Pero tal vez lo más abrumador es que el sector petrolero, base de la economía venezolana, haya sido afectado por más de 45.898 millones de dólares. No es gratuito que la empresa con mayor número de menciones en las tramas que registra el Corruptómetro sean Pdvsa y sus filiales. Los cuatro primeros casos, con enormes montos involucrados, suman 24.103 millones de dólares. Detrás de estos millonarios montos vinculados a la corrupción, hay centenas de nombres. Se registran 798 personas investigadas, dentro y fuera de Venezuela; 479 de ellas en terceros países.
En conclusión, durante los regímenes chavo-maduristas se ha generado una duplicidad estrafalaria: una enorme corrupción que ha enriquecido a unos pocos y que, además, ha destruido todo lo construido en dos siglos de actividades públicas. Y, lo más doloroso de todo, como corolario, es que hay miles de compatriotas hurgando en la basura para poder comer.
Es la corrupción de la corrupción, un nuevo y elevado tipo penal, inexistente en los sistemas jurídicos de los demás países civilizados del mundo. Un aporte de la corrupción venezolana a la doctrina penal internacional.
Editorial de El Nacional
