El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, dijo a sus partidarios en una carta que «luchará hasta el final» mientras enfrenta un intento de las autoridades de arrestarlo por su efímera imposición de la ley marcial el mes pasado, dijo el jueves un abogado.
No estaba claro cuándo y cómo la policía podría realizar el arresto y si el servicio de seguridad presidencial, que ha bloqueado el acceso de los investigadores con una orden de registro a la oficina y la residencia oficial de Yoon, intentaría detenerlo.
El jueves, la policía se enfrentó a los partidarios de Yoon que se acostaron en la carretera para tratar de bloquear el acceso a su residencia. La policía emitió órdenes de dispersión y luego desalojó por la fuerza a algunos manifestantes, dijeron periodistas de Reuters.
Yoon escribió en la carta el miércoles por la noche a los cientos de partidarios reunidos cerca de su residencia oficial: «Estoy viendo en YouTube en vivo todo el arduo trabajo que están haciendo».
«Lucharé hasta el final para proteger este país junto con ustedes», dijo en la carta, una imagen de la cual fue enviada a Reuters por Seok Dong-hyeon, un abogado que asesora a Yoon.
El opositor Partido Demócrata, que tiene el control mayoritario del Parlamento y lideró el juicio político contra Yoon el 14 de diciembre, dijo que la carta demostraba que Yoon estaba delirando y sigue comprometido a completar su «insurrección».
«Como si tratar de organizar la insurrección no fuera suficiente, ahora está incitando a sus partidarios a un enfrentamiento extremo», dijo el portavoz del partido, Jo Seoung-lae, en un comunicado.
Yoon conmocionó al país con un anuncio a última hora de la noche del 3 de diciembre de que estaba imponiendo la ley marcial para superar el estancamiento político y erradicar a las «fuerzas antiestatales».
Sin embargo, en cuestión de horas, 190 legisladores desafiaron los cordones de tropas y policías y votaron en contra de la orden de Yoon. Unas seis horas después de su decreto inicial, Yoon lo rescindió.
El martes, un tribunal aprobó una orden de arresto contra Yoon, lo que potencialmente lo convertiría en el primer presidente en ejercicio en ser detenido como parte de las investigaciones sobre las acusaciones de que planeó una insurrección al tratar de imponer la ley marcial.
La insurrección es uno de los pocos cargos penales contra los que un presidente surcoreano no tiene inmunidad.
La Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios (CIO, por sus siglas en inglés), que lidera un equipo conjunto de investigadores que incluye a la policía y los fiscales, tiene hasta el 6 de enero para ejecutar la orden de arresto.
Yoon Kab-keun, abogado del presidente acusado, ha dicho que la orden de arresto era ilegal e inválida porque el CIO no tenía la autoridad bajo la ley surcoreana para solicitar una orden.
El abogado advirtió el jueves que los agentes de policía enfrentarían arrestos por «el servicio de seguridad presidencial o cualquier ciudadano» si intentan detener a Yoon en nombre del CIO, diciendo que su autoridad se limita al control de multitudes y al mantenimiento del orden público.
Por otra parte, el juicio político de Yoon se está llevando a cabo en el Tribunal Constitucional. El tribunal celebrará la segunda audiencia el viernes. Yoon ha sido suspendido de sus funciones presidenciales y el ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, ha asumido el cargo de presidente en funciones hasta el resultado del juicio.
Si el tribunal confirma el juicio político y Yoon es destituido de su cargo, se celebrarán nuevas elecciones presidenciales en un plazo de 60 días.
La orden de arresto contra Yoon y también un registro de su oficina y residencia se emitió después de que el fiscal de carrera conservador desafiara las repetidas citaciones de los investigadores para comparecer para ser interrogado en la investigación penal separada del juicio del Tribunal Constitucional.
Un exministro de Defensa que, según las autoridades, recomendó a Yoon declarar la ley marcial, ha sido acusado de insurrección y será juzgado el 16 de enero. Algunos de los principales oficiales militares al mando de la defensa de la capital, Seúl, también han sido acusados por su presunta participación.
