La Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica promulgada el pasado 23 de febrero es según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional oficialista, «de las más hermosas» de las 34 sancionadas en los últimos años. Mientras maestros y profesores reclaman en calles y plazas salarios y dignidad para su tarea educativa, el régimen celebra este instrumento legal de tono generalista y ambiguo que arroja dudas sobre su implementación. Una cosa es la letra, otra en qué se traducirá.
A Rodríguez se le ve en un video que circula por Youtube en mangas de camisa y con gorra durante un acto realizado en el Liceo Pedro Elías Gutiérrez, en Macuto, mientras juega ping pong con un adolescente del plantel, luego se acerca a otros que disputan partidas de ajedrez y finalmente toma el micrófono para -«en un día luminoso como este»- simplificar la historia de las luchas estudiantiles: antes, enfrentadas con «bombas y a peinillazos, y ahora los muchachos son los que legislan.
La ley, de la que se desconoce su contenido completo porque aún no ha sido publicada en la Gaceta Oficial, es fruto según la versión oficial de una consulta pública realizada en 148 municipios (un poco menos de la mitad del total), en la que se concedieron 987 derechos de palabra y se recogieron 10.000 propuestas: ¡vaya trabajo legislativo que las condensó en tan solo una veintena de artículos! Rodríguez al sancionarla habló de la participación de millones de estudiantes, con lo cual las 10.000 propuestas ya no parecen tantas.
No era de esperar, claro está, que el poético Rodríguez que ve luz donde hay oscuridad se refiriera a los 2,9 millones de niños, niñas y adolescentes, a cifras del año pasado, que no asistían regularmente a clases, o a los 6,2 millones de estudiantes que carecen de una alimentación adecuada.
Tampoco eso es tema de la ley de marras porque, como han señalado desde organizaciones cívicas atentas a los temas de la educación, no hay un artículo de la veintena que se refiera a las obligaciones del Estado y de las autoridades educativas sobre la materia que trata, la más preciada por las familias que quieren formar a sus hijos. Apenas hay una referencia a promover la incorporación en la educación formal pero sin atacar las causas que provocan la deserción, que se derivan en alto grado de la severa crisis económica
Lo que sí aborda y establece la Ley de Participación Estudiantil son los consejos estudiantiles que serán electos en un aparente proceso democrático bajo la «coordinación y apoyo» del ministerio con competencia en el asunto educativo. ¿Garantiza eso la «plena autonomía” de los consejos estudiantiles ante entes estatales tan apegados a la intervención? ¿Cuál será el significado concreto y real de que los estudiantes se incluyan activamente en las actividades de la institución en la que cursen estudios? ¿Pueden devenir esos órganos de participación en mecanismos de control en las aulas?
La ley estuvo precedida de declaraciones de voceros oficialistas que ante la protesta de los maestros alentaban la idea de que los muchachos -o fichas juveniles del partido oficialista- cubrieran las eventuales vacantes de educadores en conflicto. El instrumento legal, según lo conocido, no lo dice taxativamente. Tampoco lo tiene que decir para que el régimen actúe en línea con su proceder.
Editorial de El Nacional
