Entre los sancionados se encuentran tres ministros, tres diputados y dos directores de los servicios de inteligencia
El anuncio de la prórroga de medidas «restrictivas» individuales hasta noviembre de 2023, contra funcionarios vinculados al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, efectuada por la Unión Europea, el pasado 10 de noviembre, afecta a 18 militares venezolanos, quienes han sido sancionados, a través de diferentes decisiones, desde el año 2018.
El Consejo de la Unión Europea, mediante decisión del 10 de noviembre pasado, indicó que ha revisado las medidas restrictivas vigentes de conformidad con el artículo 13 de la Decisión (PESC) 2017/2074, y sobre la base de esa revisión, establece que las medidas restrictivas, incluidas todas las designaciones, deben renovarse hasta el 14 de noviembre de 2023, debiendo actualizarse la exposición de motivos de 17 personas, esto es para indicarse los nuevos cargos que ocupan y cualquier otro detalle importante.
De estos dieciocho efectivos militares sancionados por la Unión Europea, diez pertenecen al componente del Ejército, uno a la Armada y siete a la Guardia Nacional Bolivariana. No aparece en la lista, ningún oficial de la Aviación Militar.
De acuerdo a los registros de Control Ciudadano, los militares sancionados, nunca han sido investigados judicialmente en Venezuela, por los señalamientos de haber violado derechos humanos, por el contrario, algunos han ascendido en la cadena de mando militar y han sido promovidos a nuevos cargos.
Las sanciones personales contra oficiales, algunos activos, otros retirados, de la FANB, con importantes funciones al frente de organismos del Estado venezolano, han sido emitidas por el Consejo de la Unión Europea, en 5 distintas fechas, a partir del 22 de enero de 2018, seguidas de las del 25 de junio de 2018, el 27 de septiembre de 2019, el 29 de junio de 2020 y las últimas, las emitidas el 22 de febrero de 2021.
Las sanciones personales internacionales, por violación de derechos humanos, solo pueden ser levantadas tras investigaciones judiciales independientes e imparciales, que determinen que los presuntos responsables no tienen responsabilidad por los hechos que motivaron las sanciones. Las medidas pueden ser revertidas con avances hacia la restauración de la democracia, el Estado de derecho y el respecto a los derechos humanos en Venezuela, ha señalado la Unión Europea en sus decisiones.
¿Quiénes son los 18 miliares sancionados por la Unión Europea?
Entre los 18 militares activos y retirados de la FANB, se encuentran, tres ministros, tres diputados, dos directores de los servicios de inteligencia más importante del país y el presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar, entre otros.
Como parte del trabajo que realiza Control Ciudadano, por el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, se comparte a continuación breve perfil de los 18 miembros de la FANB sancionados, según descripción de la Unión Europea.
Ministros militares sancionados
Jorge Elieser Márquez Monsalve. Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. Sancionado desde el 29 de junio de 2020. La Unión Europea considera que sus acciones han socavado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, incluso al limitar severamente los derechos del pueblo venezolano a la libertad de prensa, expresión e información, desde sus funciones como director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) que ejerce desde el 7 de agosto de 2017. La UE indica que usó los poderes especiales de CONATEL para silenciar las críticas y disidencias del régimen, bloqueando, filtrando y obstruyendo sitios web de Internet y revocando las licencias existentes para estaciones de radio y televisión y negándose a otorgar nuevas licencias.
Remigio Ceballos Ichaso. Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz. Sancionado desde el 22 de febrero de 2021. Ex comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (CEOFANB), desde cuya función la Unión Europea lo considera responsable “de graves violaciones de derechos humanos, incluido el uso excesivo de la fuerza y tratos inhumanos y degradantes por parte de funcionarios de la FANB y de fuerzas subordinadas bajo su mando, incluida la Guardia Nacional Bolivariana”.
Néstor Luis Reverol Torres. Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas Fue sancionado el 22 de enero de 2018 y ascendió a general en jefe, el 04 de noviembre de 2020. Ejerció como Ministro del Interior, Justicia y Paz, desde 2016 hasta octubre de 2020, y fue comandante de la Guardia Nacional Bolivariana entre 2020 y 2022. La Unión Europea lo considera responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura de presos (políticos) y la represión de la oposición democrática en Venezuela, incluida la prohibición y represión de manifestaciones políticas, cometidas por las fuerzas de seguridad bajo su mando.
Diputados en ejercicio que provienen de la FANB sancionados
Diosdado Cabello Rondón. Diputado en ejercicio (2021-2026), en la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La Unión Europea lo considera responsable de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluso mediante el uso de los medios de comunicación, para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, otros medios y la sociedad civil. Se encuentra sancionado desde el 22 de enero de 2018.
Antonio José Benavides Torres. Diputado en ejercicio (2021-2026), en la Asamblea Nacional. Sancionado desde el 22 de enero de 2018. La Unió Europea lo considera responsable de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela, y de graves violaciones a los derechos humanos, cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana, institución bajo su mando, como ex comandante general de dicho componente. Sus acciones y políticas en la vigilancia de manifestaciones civiles y la defensa pública de que los tribunales militares deberían tener jurisdicción sobre los civiles, han socavado el Estado de derecho en Venezuela.
Jesús Rafael Suárez Chourio. Diputado en ejercicio (2021-2026), en la Asamblea Nacional. Ex jefe del Estado Mayor General del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional (entre julio de 2019 y septiembre de 2020). Ex Comandante del Ejército Bolivariano de Venezuela y ex Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central (REDI Central) de Venezuela. Sancionado el 25 de junio de 2018. La Unión Europea lo considera responsable de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas bajo su mando durante su mandato como Comandante General del Ejército Bolivariano de Venezuela, incluido el uso excesivo de la fuerza y el maltrato de los detenidos. Ha atacado a la oposición democrática y apoyado el uso de tribunales militares para juzgar a los manifestantes civiles.
Jefes de los servicios de inteligencia del Estado
Iván Rafael Hernández Dala. Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde enero de 2014 y Jefe de la Guardia Presidencial desde septiembre de 2015. Sancionado desde el 25 de junio de 2018. La Unión Europea considera que como Jefe de la DGCIM, es responsable de graves violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y oposición democrática cometida por miembros de la DGCIM bajo su mando, incluido el uso excesivo de la fuerza y el maltrato de los detenidos.
Gustavo Enrique González López. Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Sancionado por la Unión Europea desde el 22 de enero de 2018, pues lo considera responsable de graves violaciones de derechos humanos (incluidas detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y degradantes y tortura) y de represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela.
Circuito Judicial Miliar
Jesús Emilio Vásquez Quintero. Presidente del Consejo de Guerra y del Circuito Judicial Penal Militar. Ex Fiscal General del Ministerio Público Militar, desde cuya función, la Unión Europea lo considera responsable de atentar contra la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, vinculándose con procesos judiciales internos en la Fuerza Armada y faltas de investigación de hechos, incluido el caso de la muerte del Capitán Rafael Acosta Arévalo, en 2019, así como de aplicar justicia militar a civiles. Se encuentra sancionado por la Unión Europea desde 22 de febrero de 2021.
Otros altos militares que también aparecen en la lista
Néstor Neptali Blanco Hurtado. A quien la Unión Europea considera responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, el uso excesivo de la fuerza y maltrato a detenidos en instalaciones de la DGCIM. Sancionado desde el 27 de septiembre de 2019.
Rafael Ramón Blanco Marrero. Ex subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La Unión Europea en su decisión lo considera responsable de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, uso excesivo de la fuerza y maltrato a detenidos en instalaciones de la DGCIM, que fueron cometidas por funcionarios de la DGCIM bajo su mando. Además, lo vincula a la muerte del Capitán Rafael Acosta Arévalo. Sancionado por la Unión Europea, desde el 27 de septiembre de 2019.
Alexis Enrique Escalona Marrero. Quien ejerció como Jefe Encargado de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo (ONDOFT) desde enero de 2018 hasta mayo de 2019. Ex Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior en 2017, ex Comandante Nacional del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) (entre 2014 y 2017). La Unión Europea lo considera responsable de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, uso excesivo de la fuerza y maltrato de detenidos por miembros del CONAS bajo su mando y responsable también de la represión a la sociedad civil por parte de miembros del CONAS bajo su mando. Sancionado desde el 27 de septiembre de 2019.
Rafael Antonio Franco Quintero. Ejerció como Jefe de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), entre al menos 2017 y diciembre de 2018. Luego designado Jefe de Seguridad del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La Unión Europea lo considera responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos de los detenidos de la DGCIM. También responsable de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática por parte de miembros de la DGCIM, bajo su mando. Además, lo vincula a la muerte del Capitán Rafael Acosta Arévalo. Se encuentra sancionado por la Unión Europea, desde 27 de septiembre de 2019.
Alexander Enrique Granko Arteaga. Jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Ascendido al grado de teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana el 1 de julio de 2020. Para la Unión Europea es responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura, uso excesivo de la fuerza con resultado de muerte y lesiones y malos tratos a detenidos en instalaciones de la DGCIM, cometidos por él mismo y por los funcionarios bajo su mando. También responsable de la represión a la sociedad civil por miembros de la DGCIM, bajo su mando, además de estar directamente involucrado en dicha represión. Vinculado a la muerte del Capitán Rafael Acosta Arévalo. Se encuentra sancionado por la Unión Europea, desde 27 de septiembre de 2019.
Hannover Esteban Guerrero Mijares. En el registro de la Unión Europea para imponerle sanciones aparece lo siguiente: Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la 35 Brigada de Policía Militar desde agosto de 2020. Jefe de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde al menos abril de 2019 hasta agosto de 2019. Como Jefe de Investigaciones, supervisó las instalaciones de la DGCIM en Boleíta. Responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a detenidos cometidos por él mismo y por funcionarios bajo su mando, particularmente en Boleíta. Vinculado a la muerte del Capitán Rafael Acosta Arévalo. Sancionado por la Unión Europea desde 27 de septiembre de 2019.
José Adelino Ornelas Ferreira. En el registro de la Unión Europea para imponerle sanciones aparece lo siguiente: Secretario General del Consejo de Defensa Nacional desde el 26 de julio de 2019 y Jefe del Estado Mayor General del Comandante en Jefe, desde septiembre de 2020. Ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital (REDI Capital), ex Jefe de Estado Mayor y ex Segundo al mando del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (CEOFANB). En estos cargos, ha apoyado y facilitado acciones y políticas del Gobierno de Venezuela que han socavado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela. Responsable de graves violaciones a los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela, incluida la obstrucción de la provisión de ayuda humanitaria y el uso excesivo de la fuerza por parte de oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) y de fuerzas subordinadas bajo su mando, incluyendo las Regione Estratégicas de Defensa Integral (REDI), las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), así como, la Guardia Nacional Bolivariana. Sancionado por la Unión Europea desde 29 de junio de 2020.
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta. En el registro de la Unión Europea para imponerle sanciones aparece lo siguiente: Ex Director de la Policía Nacional Bolivariana y responsable de graves violaciones a los derechos humanos, incluido el uso de fuerza física severa contra manifestantes pacíficos, cometidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana bajo su autoridad. Sancionado por la Unión Europea, desde el 22 de febrero de 2021.
Sergio José Rivero Marcano. Fue Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, hasta el 16 de enero de 2018. En el registro de la Unión Europea para imponerle sanciones aparece lo siguiente: Involucrado en la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela, y responsable de graves violaciones de derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana bajo su mando, incluido el uso excesivo de la fuerza, y la detención arbitraria y el abuso de miembros de la sociedad civil y de la oposición. Sus acciones y políticas como Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, incluidas las agresiones de la Guardia Nacional Bolivariana a miembros de la Asamblea Nacional elegida democráticamente y la intimidación de periodistas que informaron sobre las elecciones fraudulentas para la Asamblea Constituyente ilegítima, han socavado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela. Sancionado desde el 25 de junio de 2018.
NP
