La práctica de ejecutar presuntos delincuentes se ha convertido en una política de Estado
Solo en el mes de noviembre de 2021, Control Ciudadano contabilizó, 73 “abatidos” en manos de órganos de seguridad del Estado y la FANB, en operaciones en 13 entidades regionales del país. Muertes que pueden ser calificadas, la mayoría, como ejecuciones extrajudiciales, con la presunción de la violación del derecho a la vida, la integridad personal y el debido proceso. Ninguna mujer aparece en el registro.
Para Control Ciudadano, las cifras de abatidos en procedimientos realizados por órganos de seguridad del Estado y componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en todo el territorio nacional, va en aumento, por tal motivo la organización ha decidido comenzar a visibilizar un registro mensual de las muertes potencialmente ilícitas a manos de funcionarios policiales y militares, cuya fuente, es el monitoreo mensual de medios de comunicación que dan cuenta de ello.
Fuente: Control Ciudadano
“La práctica de ejecutar presuntos delincuentes se ha convertido en una política de Estado”, señala Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano. Y agrega: “La regla de empeñamiento de los cuerpos de seguridad de Estado y de la FANB, en procedimientos de seguridad, parece ser “disparen a matar”, lo cual no es solo violatorio de la Constitución, sino que además aumenta los niveles de violencia en la sociedad”.
El uso de la fuerza mortal debe ser excepcional como regla para combatir la delincuencia, sin embargo, parece ir en aumento en Venezuela, con lo cual, la legítima defensa en el ejercicio de la autoridad, parece desvirtuada, traspasando los límites legales.
En el mes de noviembre, en el monitoreo y registro elaborado por Control Ciudadano, aparecen los Estados Sucre, Zulia, Monagas, Miranda, y la capital Caracas, como las entidades federales con mayor incidencia de personas “abatidas” por cuerpos de seguridad del Estado y la FANB.
El Estado Sucre es el de mayor incidencia, por el asesinato de 22 presuntos integrantes de la banda “Tren del Llano”, en el marco de un operativo efectuado a partir del 7 de noviembre pasado, en el sector San Juan de las Galdonas, en el municipio Arismendi de dicha entidad federal, en una operación conjunta entre efectivos de la FANB, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección Contra la Delincuencia Organizada y de la Unidad de Operaciones y Tácticas Especiales (UOTE), así como la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), del cual aún no se tienen cifras exactas, pues las autoridades no rindieron declaraciones sobre los resultados de la operación.
Cabe mencionar, que en el marco de la llamada “unión cívico militar policial”, el gobierno venezolano ha venido profundizado en la ejecución de operaciones mixtas, donde participan conjuntamente funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y efectivos de la Fuerza Armada Nacional, sin determinarse claramente la línea de mando, oficial responsable de la operación, así como las unidades y funcionarios bajo su mando, con lo cual se dificulta la determinación de responsabilidades, en caso de violaciones a los derechos humanos.
En el registro seguido por Control Ciudadano en el mes de noviembre de este año, aparecen involucrados la GNB/CONAS en el 40 % de los casos, Policía Nacional Bolivariana (PNB)/Policías Regionales, en el 33 % de los casos y el CICPC en el 27 % de los casos, siendo menor la participación de otros órganos del Estado como el Sebin. Para estos porcentajes se tomó en cuenta, el registro de 73 “abatidos”, en el marco de operaciones ejecutadas por órganos específicos de seguridad del Estado y FANB o de operaciones mixtas.
Los asesinatos cometidos por policías y militares, en el marco de operativos de seguridad en Venezuela, son pocas veces investigados o juzgados a pesar de que la mayoría de los casos de “abatidos” tienen características de ser ejecuciones extrajudiciales, estimulándose un ciclo de impunidad que alienta la práctica, en un contexto de violencia cada vez mayor en el país.
Control Ciudadano hace un llamado al Ministerio Público, para que en todos los casos de “abatidos” en procedimientos realizados por órganos de seguridad del Estado y componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se adelanten las investigaciones correspondientes, que permitan determinar responsabilidades de ser el caso, estableciéndose un fondo financiero que permita reparar a las víctimas indirectas (familiares) de los ejecutados extrajudicialmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Constitución Nacional.
Control ciudadano
