Manuel Galindo, contralor general de la república, manifestó hace minutos que designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “está apegada a la legalidad”.
“Debemos respetar y acatar las sentencias emanadas”, afirmó.
Resaltó que no acatar la sentencia puede incurrir en “usurpación de autoridad, abuso de desviación de poder o cualquier otro instrumento de carácter sublegal”.
El contralor explicó que los magistrados del TSJ, en cualquiera de sus salas, están sujetos a remoción, no a destitución o anulación del acto de juramentación.
Por otra parte, indicó: “La Asamblea Nacional (AN) tiene competencia para remover a los magistrados previa autorización el Poder Ciudadano, siempre y cuando haya calificado una falta grave”.
Del mismo modo, destacó que el magistrado tiene derecho a la defensa si las dos terceras partes o mayoría calificada del Parlamento desea proceder a la remoción.
Fuente: NAD