Daniel Ortega está dispuesto a llevarse por delante cualquier cosa que pueda hacerle contrapeso a su totalitarismo en Nicaragua. Por demás sabe que esa es la fórmula, el secreto para atornillarse en la silla presidencial, porque así lo hizo su amigo Hugo Chávez y lo hace consecuentemente Nicolás Maduro, pero cada uno con su estilo particular.
Ortega las va cerrando de 100 en 100 o como le vaya provocando a sus fieles diputados, que argumentan que son organizaciones que no están haciendo nada con los fondos que reciben del exterior. Da la casualidad que son grupos de defensa de derechos humanos, o de periodistas que luchan por la libertad de expresión, o de los que hacen trabajo comunitario o socorren a los enfermos que están desatendidos por el gobierno.
Claro, no todo es así, en el papel, con pasar una lista ante el Parlamento fiel a Ortega. Si hace falta persigue y pone presos a sus activistas, lo que ha hecho incansablemente desde 2018 cuando las revueltas perdieron el control y la valentía de los manifestantes llevó a pedir la renuncia del mandatario. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en aquella oportunidad resultaron muertos 355 personas, pero los organismos locales, de esos a los que tanto temen en el gobierno, reportaron 684. Esas son las cifras que Ortega no está dispuesto a dejar escapar y por eso prefiere ilegalizar a los grupos que hacen este tipo de trabajo con mucho coraje.
En lo que va de año ya son 659 ONG ilegalizadas por el Parlamento, que argumenta que hay mucho desorden en estas organizaciones y que su deber es “continuar con el trabajo de limpieza”. Eso suena conocido por estos lados, en donde la Asamblea Nacional chavista prepara una ley que va a hacer lo mismo pero seguramente con un criterio más amplio porque aquí lo que les encanta es la cacería que desatan de repente, como lo que están haciendo en este momento con los militantes de Bandera Roja y los activistas de defensa de los derechos humanos.
No es casualidad que en Nicaragua y en Venezuela se ponga especial atención a desarticular este tipo de agrupaciones. Lo mismo sucedió hace mucho tiempo en Cuba y sigue ocurriendo en la actualidad. Estas organizaciones son independientes, no responden a ninguna oficina de los gobiernos y su objetivo principal es ayudar al ciudadano, pero también, mostrar la realidad que viven los pueblos sin ningún tipo de sesgo en la información. Eso es pecado para los gobiernos de corte totalitario, ninguno se ha mantenido en el poder diciendo la verdad.
Por eso, hay que agradecer el trabajo desinteresado y valiente de los activistas y, cuando ocurren acciones como las del gobierno de Ortega o las de Maduro, hay que alzar la voz para que el mundo sepa lo que son capaces de hacer en contra de la gente que realmente ayuda en las peores crisis.
Editorial de El Nacional
