El 18 de junio de 2019 el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó la Estrategia y Plan de Acción para la Lucha contra el Discurso de Odio. Dos años después fue proclamado como una jornada anual para contrarrestar ese peligroso discurso que puede ser predecesor de crímenes atroces.
El plan de Guterres define el discurso del odio como cualquier tipo de comunicación oral o escrita, también comportamiento, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a personas basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad.
Un día es muy poco para contrarrestar los efectos de mensajes «amplificados por las nuevas tecnologías de la comunicación», precisa Guterres, pero, al menos, tiene la virtud de recordarnos la necesidad de erradicar de nuestro lenguaje, y de nuestro comportamiento, lo que sea peyorativo y discriminatorio, aquello que convierte en natural la descalificación y la agresión. Debe ser, por tanto, un compromiso individual y colectivo, y, especialmente, de quienes dicen ser nuestras autoridades y representantes, cuidar las formas y el tono, apreciar y respetar las diferencias para contribuir a la convivencia.
La ONU advierte que la clave es la educación y que en estos tiempos de tanta interconexión es indispensable la alfabetización digital para mitigar los efectos del discurso del odio. «Hacer frente a la retórica del odio, ya sea en línea o en la vida real, resulta más fácil cuando uno está equipado con los conocimientos y habilidades suficientes para identificar y contrarrestar el discurso del odio», alerta Naciones Unidas.
El régimen venezolano se anticipó a las preocupaciones de Naciones Unidas y le dio una vuelta al asunto: en nombre de la «lucha contra el odio» se parió un instrumento jurídico -uno más- para castigar la disidencia política y la crítica social.
En noviembre de 2017 fue publicada en la Gaceta Oficial la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia que ha justificado detenciones, allanamientos, procesos judiciales arbitrarios, agresiones físicas, hostigamiento y despidos en instituciones públicas, entre otros, de acuerdo con la ONG Espacio Público., que ha registrado desde entonces 83 víctimas: 30 particulares, 17 trabajadores del sector público, 16 periodistas y reporteros, 8 miembros de organizaciones no gubernamentales.
Un solo ejemplo: el profesor y educador Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, está por cumplir dos años de detención arbitraria y entre otras acusaciones contra él figura la de «incitar o instigar al odio». Fue encarcelado sin orden de captura unos días después de acudir a la Fiscalía General de la República para pedir formalmente que investigara la relación entre altos funcionarios del Estado y altos jefes de las guerrillas colombianas que se mueven a sus anchas por el país. Eso es instigar al odio.
Por el contrario, los muy atareados fiscales del Ministerio Público carecen de tiempo para sintonizar Con el mazo dando, conducido por Diosdado Cabello -diputado, jefe del partido oficialista y número dos de la nomenclatura-. Un programa televisivo de cuatro horas de duración en el que DC se refiere así a opositores políticos: chatarrita, matraca de loco, vampiro, ratael, asesino, bichos (sinónimo de periodistas). O el reciente «discurso» de Jorge Rodríguez -presidente de la Asamblea del régimen y jefe del «diálogo político»- en el que profiere con relación a sus adversarios: arrastrados, poca cosa, basura.
El artículo primero de la citada ley contra el odio dice que su objeto es: «contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la nación». Rodríguez y Cabello la cumplen al pie de la letra.
Editorial de El Nacional
