Para el chavismo legislar desde la Presidencia de la República es una práctica habitual, que le ha brindado comodidad y cada vez mayor discreción a la hora de sancionar leyes. Cuando se colocan frente a frente la Habilitante aprobada a Hugo Chávez en noviembre del año 2000 con el texto presentado por Nicolás Maduro el martes pasado es evidente la flexibilización de la Asamblea Nacional al momento de delegar en el Ejecutivo la potestad de legislar.
Si bien la Habilitante del 2000 puso en manos del fallecido mandatario la posibilidad de decretar leyes en áreas que fueron desde lo financiero, económico, social, seguridad ciudadana hasta la ciencia y tecnología, en la misma se especificaban cada uno de los aspectos sobre los cuales se podían dictar leyes.
Por ejemplo, en el ámbito financiero se detallaron ocho puntos, uno de los cuales indicaba: «Dictar medidas relativas al financiamiento agrícola, que permitan el desarrollo sustentable del sector. En este sentido, se garantizará una cartera obligatoria para las instituciones financieras vinculadas con el sector agropecuario».
En contraposición, una de las peticiones de la Habilitante presentada por Maduro es: «Fortalecer el sistema financiero nacional». También se puede sumar «establecer normas que eviten y sancionen la fuga de divisas», o «fortalecer la lucha contra el acaparamiento y la especulación que afectan la economía nacional».
Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffali el proyecto de Ley Habilitante presentado por Maduro «adolece de los mismos vicios» que han tenido muchas de las leyes durante los últimos 14 años como lo es la amplitud en términos conceptuales y temporales. «Al ser tan amplia es un abuso a la facultad habilitante, y es un acto que va en contra de la autonomía de los poderes», comentó el jurista.
Raffali considera que esta libertad que otorga la Constitución a través de su artículo 203 es un concepto que debe revisarse. Recuerda que la Carta Magna de 1961 colocaba límites a las Habilitantes, y las centraba en temas económicos y financieros.
Por su parte, el abogado penalista Alberto Arteaga señaló que dentro de las atribuciones penales que se estarían dando al Presidente, por lo amplio de la solicitud, se estaría violando la reserva legal que tiene la AN para dictar leyes que vayan en contra de derechos fundamentales de las personas. «No se puede por decreto dictar normas de naturaleza penal, eso debe cumplir con todos los requisitos de una ley formal. La libertad de los ciudadanos no puede estar en manos del Ejecutivo», alertó Arteaga.
Agregó que ante la petición del combate contra el financiamiento ilegal a los partidos políticos se podrían incluir disposiciones para sancionar a quienes soliciten fondos para actividades políticas. «Seguramente se va a incluir», dijo.
Con respecto al tema económico Raffali recordó que en el chavismo ya se han dictado habilitantes para regularlo, sin embargo los problemas persisten. Considera que esto es una muestra de que «el problema no es de leyes». «Van a revisar todo el aparato legal para llegar a la conclusión de que el problema es el modelo económico», comentó el jurista.
Fuente: EU
