El Consejo de Europa decidió este jueves suspender todas sus relaciones con Bielorrusia por «su participación activa» en la invasión de Ucrania, un día después de que la organización paneuropea de defensa de los derechos humanos y de la democracia expulsara a Rusia tras 26 años como miembro.
Con esta decisión, el Comité de Ministros, órgano de decisión del Consejo de Europa, suspende el derecho de Bielorrusia a participar en cualquier reunión y actividad del Consejo de Europa en calidad de observador.
La decisión afecta al Congreso de Poderes Locales y Regionales, a la Comisión Europea de Fármacos y al Acuerdo Parcial Ampliado sobre Deporte (EPAS).
Se suspende su representación en el Grupo de Expertos contra la Corrupción (Greco), aunque se mantiene como Estado parte de los convenios civil y penal sobre corrupción, y su participación sin derecho a discusión ni voto en los plenos de este órgano.
Asimismo, conserva su condición de Estado parte del Convenio cultural europeo.
También queda suspendido su derecho a participar, como miembro asociado, en los trabajos de la Comisión de Venecia. Desde 1996, este órgano de supervisión de reglas constitucionales ha publicado opiniones sobre Bielorrusia.
En 2019, la Comisión de Venecia y el Tribunal Constitucional de este país, aliado directo de Rusia, organizaron una conferencia en Minsk para conmemorar el 25 aniversario de esa instancia de interpretación de la Carta Magna; en 2019, la comisión participó en la observación de las elecciones anticipadas.
El Comité de Ministros, por otro lado, instó a la secretaria general del Consejo de Europa a retirar la solicitud de reapertura de la oficina que tenía en Minsk y a cerrar la oficina puesta a disposición del representante de Bielorrusia en su sede de Estrasburgo.
Pero al mismo tiempo mostró la voluntad de reforzar las relaciones del Consejo de Europa con la sociedad civil bielorrusa y con la oposición en el exilio, para lo cual se plantean nuevas iniciativas.
Se quieren estrechar, en particular, los lazos con la juventud, los medios de comunicación independientes y los defensores de derechos humanos.
EFE
