En cuatro años de servicio en la Policía Metropolitana y tres en la Policía Nacional Bolivariana, el oficial Manuel Alexander Fierro Chiquito se dedicó a trabajar para brindar a su familia una mejor condición de vida. El 6 de agosto en la mañana lo mataron durante un procedimiento en el Cementerio General del Sur. Ese día comenzó el batallar de su esposa por conseguir una pensión de sobreviviente para ella y su hija.
Él arriesgó su vida para nada
Cuando me vi con mi esposo muerto y sin saber qué hacer, entendí su temor de morir y que nosotras quedáramos desamparadas. Gracias a Dios que tenemos familia porque si es por la Policía Nacional Bolivariana nos quedamos sin nada”, expresó Yurbi Estrada, esposa del oficial asesinado.
Aseguró que la PNB sólo cubrió los gastos de los servicios funerarios, pero sus familiares tuvieron que costear el entierro del policía, adquiriendo un terreno en el Cementerio de El Junquito.
“Después del entierro, cuando fui a Recursos Humanos, nadie me supo decir qué debía hacer. Una secretaria me informó que me correspondía el pago de sus prestaciones y supuestamente una póliza de vida de 60.000 bolívares porque lo mataron mientras trabajaba, pero nadie me ha podido explicar qué tengo que hacer, ni si eso es verdad”, dijo.
Reivindicaciones socioeconómicas
El abogado criminalista Fermín Mármol García considera que la profesión de policía históricamente ha sido de las menos atractivas porque los agentes encargados de brindar seguridad a los ciudadanos han sido menospreciados en cuanto a sus condiciones socioeconómicas.
“Con la inseguridad que hay en el país necesitamos que los mejores bachilleres se interesen por la carrera policial, pero la realidad es que a nadie le interesa servir en los cuerpos de seguridad del Estado porque es una profesión de altísimo riesgo con condiciones de salario y beneficios socioeconómicos nada atractivos para los funcionarios”, aseguró Mármol.
El funcionario policial pasó de ser una figura de autoridad a un blanco de la delincuencia desde el mismo momento que las bandas delictivas comprendieron que acabar con la vida de un policía les da prestigio y les brinda la oportunidad de conseguir un arma de fuego. No en vano, en los ocho meses que han transcurrido de 2013, en el Área Metropolitana de Caracas han matado a 56 policías, mientras que el año pasado el número de agentes asesinados por delincuentes fue de 106.
“Cuando la mujer de un policía queda viuda, con hijos, la someten además al trámite burocrático de tener que mendigar por unas prestaciones que si acaso durarán algún tiempo. Pero las policías hoy en día no toman en cuenta que muchas veces ese policía que matan es sostén de familia”, señaló Javier Gorriño, funcionario de la antigua Policía Técnica Judicial.
El director de la Policía de Miranda, comisario Elisio Guzmán, señaló que los funcionarios de ese cuerpo de seguridad cuentan con una póliza de vida de 120.000 bolívares y que en algunos casos, después que el funcionario muere, se evalúa la posibilidad de emplear en el mismo organismo a sus esposas, como medida de asistencia social.
Recursos insuficientes
Desde 2011, el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia creó el Fondo Administrativo de Salud para sus empleados, en sustitución de la póliza de seguro por Hospitalización, Cirugía y Maternidad.
La cobertura total para todos los empleados de ese ministerio es de 50.000 bolívares, lo que según los funcionarios policiales resulta insuficiente y en la mayoría de las clínicas evitan atenderlos pues aseguran que el Fasmij no cancela las deudas.
“A veces no sabemos qué es mejor, si resultar heridos o que nos maten porque en Caracas sólo hay dos clínicas que nos reciben cuando llegamos con alguna emergencia. De resto, tenemos que ir a los hospitales públicos a pasar trabajo como cualquier persona. Y lo peor es que con esa cobertura de 50.000 bolívares, si nos atienden, en dos días se acaba la póliza”, señaló un oficial de la PNB que pidió mantener su nombre en reserva.
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