La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) confiscó en la madrugada de este sábado, los equipos de la emisora Selecta 102.7 FM, ubicada en Machiques de Perijá estado Zulia, elevando así la aplicación de censura en el país contra los medios opositores al régimen de Nicolás Maduro.
Así lo dio a conocer la periodista Milagros Socorro a través de su cuenta en la red social Twitter, al tiempo que indicó que la agresión se produjo una semana después de la entrevista a los dirigentes opositores Juan Pablo Guanipa y Alfonso Marquina.
Asimismo indicó que la emisora es propiedad de del machiquense Pedro Enrique Márquez Briceño, quien la fundó hace 13 años. “Los equipos están ahora en Maracaibo en poder de la tenebrosa Conatel”, expresó Socorro.
Por su parte, el director del espacio radial, Pedro Enrique Márquez, confirmó la confiscación por parte del organismo estatal, al tiempo que aseguró que detuvieron “todos los materiales esenciales para el desarrollo de sus labores”.
Igualmente, indicó que no hay fotos del procedimiento, pero que publicará imágenes del estado en el que quedó el sitio.
Medios censurados por Conatel
Un total de 18 emisoras de radio venezolanas fueron clausuradas por Conatel durante el pasado año 2020, de acuerdo con cifras de la ONG Espacio Público.
«Quizás una de ellas ponía la música que te gustaba escuchar cuando ibas a tu trabajo», expresaron, a través de su cuenta en la red social Twitter, al tiempo que exigieron respeto por el trabajo de los medios de comunicación.
Por otro lado, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela registró 325 atropellos contra trabajadores de medios de comunicación, donde revelaron que detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, ataques, amenazas y agresiones contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación fueron el orden del día del régimen de Nicolás Maduro y así lo señaló el informe anual de IPYS Venezuela, titulado “El virus de la censura”.
“La emergencia sanitaria por el covid-19 complicó aún más el cuadro clínico de la labor informativa, la cual sigue sin ser inmune a las restricciones impuestas fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo”, expresa el informe.
Los hechos registrados por la organización comprendieron 338 violaciones en la categoría de agresiones y ataques, 102 por abuso del poder estatal, 63 por limitaciones de acceso a la información pública, 29 acciones legales administrativas, 13 casos de censura previa, 12 casos de censura interna y un caso de impunidad.
Los mayores números de casos, agregó IPYS, ocurrieron en enero, marzo, abril, mayo y junio. Solo en abril se registraron 41 casos de violaciones, mientras que en marzo se reportaron 39 hechos.
Señaló que en enero, mayo y junio, en cada uno, se confirmaron 35 incidentes. En los otros meses no bajó la frecuencia de las vulneraciones: febrero (33), octubre (33), julio (32), diciembre (32), agosto (28), septiembre (18) y noviembre (13).
El instituto destacó que el hostigamiento y los hechos de intimidación fueron los riesgos más recurrentes que debieron enfrentar los trabajadores de la prensa en 2020, por lo que se convirtió en la categoría de mayor alarma.
