EEUU dijo que la detención de Rocío San Miguel, así como la de sus familiares, sigue una tendencia «de detenciones aparentemente arbitrarias de actores democráticos por parte de Nicolás Maduro». La propia Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha documentado estas prácticas
Actores de la comunidad internacional condenaron la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y pidieron su liberación inmediata.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le otorgó medidas cautelares en 2012 por hostigamiento y amenazas en contra de ella y su hija por su trabajo en Control Ciudadano, fue uno de los primeros organismos en pronunciarse sobre el caso.
En su cuenta oficial de X, el ente instó «al Estado (venezolano) a informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia».
También Amnistía Internacional señaló lo siguiente: «Exigimos respeto a la integridad física y psicológica de Rocío San Miguel y sus familiares, su acceso a abogados, respeto a su derecho a la defensa y protección ante los malos tratos y tortura».
Por su parte, Estados Unidos hizo un pronunciamiento considerado por factores de la sociedad civil como «tibio», pue si bien expresó que es preocupante la acción ejercida por parte de agentes de inteligencia contra San Miguel, dijo que su detención, así como la de sus familiares, sigue una tendencia «de detenciones aparentemente arbitrarias de actores democráticos»
«Nos unimos a la comunidad internacional para instar a la liberación de todos los presos políticos, a que se ponga fin a la detención de sus familiares inocentes y retorno a los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbado», siguió la embajada de EEUU para Venezuela.
Además del gobierno de Joe Biden, el del uruguayo Luis Lacalle Pou también a, al menos, hecho referencia al caso de Rocío San Miguel, quien dirige la oenegé Control Ciudadano y es experta en temas militares y seguridad nacional.
Incluso la vicepresidenta Delcy Rodríguez arremetió en su contra por haber dicho, en la misma declaración, que en Venezuela «hay una dictadura».
La detención de esta activista, producida el pasado 9 de febrero, se produce en medio de un contexto de reducción del espacio cívico y una escalada de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro. La acusan de tener vínculos con el caso «Brazalete blanco», una de las cinco conspiraciones bajo actual investigación por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Desde enero el Ministerio Público ha liberado órdenes de captura en contra de periodistas y defensores de derechos humanos por supuesta participación en presuntas conspiraciones, de las que, por cierto, no han presentado pruebas.
Y ni mencionar que en la Asamblea Nacional de mayoría chavista está en discusión un proyecto de ley que restringe el funcionamiento de las oenegés.
TC
