La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, expresa su preocupación por los métodos utilizados en las investigaciones que según declaraciones oficiales, ha abierto la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) a todas las instituciones financieras del país. La Constitución de la República y las leyes especiales que rigen y regulan a este sector determinan los procedimientos y las sanciones correspondientes en caso de que se presuma una falta por parte de esas instituciones.
No es el caso de Banesco y el BOD, en el que el uso de la fuerza policial no se corresponde con la respuesta y la disposición de esas instituciones ante los requerimientos de las autoridades.
Repudiamos, en forma especial, la adopción de sorpresivas medidas privativas de libertad a 11 ejecutivos de Banesco, quienes con una actitud responsable y en forma voluntaria se presentaron ante las autoridades, ya que lejos de crear un ambiente favorable a la adopción de medidas de política fiscal y monetaria que estabilicen los valores de convertibilidad de la divisa, aumentan el desasosiego que viven los venezolanos trabajadores y agrega opacidad a la crisis actual.
Los casos de Banesco y BOD generan incompresibles e injustificadas situaciones de incertidumbre e inseguridad jurídica, que afectan no solo a las instituciones financieras indicadas, sino a altos porcentajes de empresas “bancarizadas” (industriales, comerciantes y prestadores de servicio), y a millones de clientes naturales que hacen que día a día se incremente más la actividad financiera eficiente y productiva.
Se requiere transparencia en los procesos judiciales, racionalidad en las medidas económicas y soluciones adecuadas a los problemas estructurales para que el país pueda iniciar la superación de esta crisis.
La escasez de efectivo, la hiperinflación, la implantación de una reconversión monetaria apresurada, la falta de productos básicos, la fuga de talentos y la crisis de los servicios públicos no se resuelven con medidas que aumentan la inseguridad personal y jurídica que sufre la población.
Necesitamos instituciones bancarias que reciban el apoyo promotor y certero de sus entes reguladores para imprimir agilidad al intercambio de bienes y servicios destinados al consumo intermedio o final, para promover la utilización de nuevas plataformas tecnológicas destinadas a incentivar y orientar la utilización de los medios de pagos por vía electrónica y para superar las vicisitudes de articular y poner en circulación el nuevo cono monetario.
Exhortamos a la racionalidad y al reconocimiento de la actividad privada como motor de la economía nacional.
Caracas, 8 de mayo de 2018
